Por años se nos ha hecho pensar que participar
de las elecciones dentro de una democracia para elegir nuestras autoridades es
la mayor expresión de la PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA, cuando en
realidad a través del acto del “voto”, hacemos una delegación a una persona o
personas para que a nuestro nombre y representación ejerzan las funciones y
responsabilidades que como empleados del Estado, porque son remunerados de
nuestros recursos públicos, y ejecuten las acciones que vayan en el interés de
todos y todas.
Pero ¿realmente esta delegación ha traído
bienestar y desarrollo?. Pues bien, hay varias visiones válidas en la
actualidad que darían respuesta a esta pregunta, pero es menester precisar que en
realidad una vez electa la Autoridad, casi ha sido normal que su accionar
responde a quienes realmente le financiaron la campaña con donaciones en dinero
o en especie, y claro en esa lógica quien pone PLATA pues es prácticamente el
beneficiario directo de la asignación de obras o del favoritismo en la
prestación de servicios públicos por parte de quien ejerce la función pública,
o reclama puestos de trabajo en lo público para satisfacer un interés
específico, más que colectivo, y NI SIQUIERA IDEOLÓGICO, es decir no responden
a ningún movimiento o partido político. Desde esta lógica, el marco legal y
Constitucional se vuelve sólo papel escrito, ya que incluso las autoridades de
control, muchas de ellas ligadas a las autoridades de turno que influenciaron
en su designación (OJO NO ELECCIÓN ASÍ SEA POR CONCURSO), poco o casi nada
hacen por combatir esta forma de corrupción, cuyos resultados de su mala
gestión (al anteponer su interés particular al general), simplemente provoca
desconfianza y hasta conformismo de quienes a la hora de votar, nuevamente
miran con desprecio a la POLÍTICA, que no es sino las formas o manera de
gobernar, que en democracia “libremente” escogemos.
Esta retórica se repite una y otra vez a lo
largo de la historia de la humanidad desde el nacimiento de la democracia con
el establecimiento de movimientos y partidos políticos. Pero hay que precisar
que una sola persona electa o varias en cuerpos colegiados no han provocado por
sí mismos soluciones a los problemas de las sociedades “democráticas”. Ni
tampoco es que con más burócratas (designados), que defienden los intereses de
pocos, buscan trabajar por el interés general.
Es así que nacen nuevas formas de democracia,
que han sido aprobadas en el caso de Ecuador, por la mayoría de ecuatorianos
con el SÍ que obtuvo
el 63.93% frente al 28.10% de la opción No, esta última que fue apoyada
por los partidos políticos tradicionales de tendencia de derecha. Y que vale
reflexionar, pues el concepto de “democracia” está ligado fuertemente al origen
en sí mismo de la palabra, que es conocido como “el poder del pueblo”, y en
torno al cual debería tenerse presente por parte de quienes ejercen la
democracia “tradicional”, la democracia representativa, más todavía entendiendo
que la opción personalista de la administración (para sus propios intereses y
el grupo de amigos), democráticamente en Consulta Popular fue vetada por la
mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas.
Ahora bien de la aprobación de la Constitución que se
dio en el año 1998, a la fecha, seguimos viendo los mismos vicios de la
democracia representativa antes descritos, pues a la fecha por ejemplo, no se
ha cumplido con el derecho a participar en lo público establecido en el
artículo 95 de la normativa Constitucional, en general. Esta precisión se la
hace, en vista de que lo primero en lo que se preocupan las autoridades electas
ha sido de promover sus propios intereses, al hacer caso omiso a estas
disposiciones. Está claro, no quieren darle orden a la administración pública,
puesto que existen autoridades designadas que siguen haciendo las cosas como “antes”,
tanto es así que han logrado posicionar sus intereses burocráticos para detener
los cambios y direccionar la inversión pública a lo tradicional, “infraestructura”,
como la panacea del desarrollo desde lo local, y tan es así que el tema de
necesidades básicas insatisfechas actualmente sigue siendo el debate para la
inversión pública, y esto ocurre siempre al inicio o al final del período de la
democracia representativa, y que conste que desde el año 2006 con la entrada
del actual mandatario Economista Rafael Correa ya se hacía hincapié de estos problemas,
de los que todavía siguen vigentes. Es cierto, es un proceso que todavía debe
seguirse consolidando, pero no puede ser que organismos rectores del Estado
Central de la política económica y de planificación sigan pensando que hay que
seguir como antes desde un “ESCRITORIO”. Que ha habido avances indudable, pero
faltan profundizarlos aún más, el propio Presidente de la República en el Plan
Nacional del Buen vivir ha dispuesto que uno de los principales objetivo, el
PRIMERO, sea cabalmente el de “Consolidar
el Estado democrático y la construcción del poder popular”, pero es obvio, no se lo podrá cumplir si
no lo medimos en sus metas, con la Ley en la mano, y por Niveles de Gobierno (Parroquial,
Cantonal, Provincial y Regional) a través de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, de los cuales todavía no existe información que
permita constatar su elaboración y aprobación respectiva por los organismos
legislativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pero con un requisito
fundamental, que hayan participado a nivel de unidades básicas de participación
ciudadana (barrios, comunas, recintos, parroquias urbanas) la ciudadanía en
general, a través de sendas Asambleas en cada una de ellas que existan en los
territorios respectivos. Aquí está la raíz del problema y el principio de su
solución, “la organización de base” que reúne a las familias, como núcleo de la
sociedad, son elementales en los procesos no sólo de planificación sino de la
toma de decisiones en función de sus necesidades, porque no es lo mismo por
ejemplo vivir en la sierra, en la costa, en el oriente o en la parte insular en
cuanto a vivienda, salud, educación, alimentación, producción, incluso en sus
tradiciones y expresiones culturales en general, y que son necesarias se
reconozcan, se recojan, sistematicen y se retroalimenten en procesos
permanentes, donde el compromiso de la Autoridad en el marco de la Ley es el
ejecutar lo que se acuerde con la comunidad en función de sus necesidades, y
dejemos de una vez por todas el paternalismo, sino exijamos nuestro derecho a
formar parte de lo público como un todo. Porque se sigue pensando, como se
afirmó hace rato que sólo en épocas de elecciones hay que hablar de democracia
representativa, al hacer procesos clientelares en el marco de las elecciones
ofreciendo pequeños regalos por el voto popular, y volver a seguir repitiendo
el mismo cantar.
No hay que olvidar, las sociedades occidentales, en términos de quienes
poseen recursos económicos, han buscado siempre en la democracia representativa,
su respaldo para mantener el statu quo; y que poco o casi nada hacen para que
los de abajo puedan abrir los ojos a la realidad, y en ello ponen su grano de
arena los medios de comunicación inclusive locales, donde los dueños de los
medios anteponen sus propios intereses para mantener sus beneficios dentro de
la sociedad y no hayan cambios. Es tiempo de pensar que lo cambios no se vienen
así como así, son procesos, que claro se los acepta, pero no podemos tampoco
quedarnos de brazos cruzados, luego de haber ya dado las primeras batallas,
pero la guerra contra la desigualdad continúa…
No hay comentarios:
Publicar un comentario