lunes, 3 de agosto de 2015

EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LO PÚBLICO, NO SE CUMPLE EN ECUADOR

Hasta el 2008 los procesos democráticos que como Ecuador se venían pregonando como únicos prácticamente eran los ligados a la democracia representativa, donde los electos eran los únicos salvadores de la Patria, en medio de sus decisiones mal logradas de los últimos 30 años de democracia servil a los intereses externos, luego de haber salido de una dictadura y pasar por la muerte de un Presidente como fue Jaime Roldós Aguilera. En esos mismos años desde los 90, surgen con fuerza los movimientos sociales de la mano de los sindicatos de trabajadores y el sector indígena del Ecuador, quienes abanderaron la lucha por la demanda y el cumplimiento de derechos que tradicionalmente fueron relegados por siglos inclusive, y que incluso en su momento de la historia cobró hasta vidas de muchos seres humanos que lucharon por los cambios estructurales de los Estados.
Después del 2008, la esperanza se plasmó en la transformación del Estado, por lo menos en el reconocimiento Constitucional de Derechos, que para muchos en Ecuador, todavía no asimilan el otro País, modelo, que se pretendía y se pretende ser. Son los mismos actores, que establecieron en esta oportunidad alianzas, que al principio funcionaron muy bien, identificados con la izquierda, no de nombre, sino aquéllos que con su lucha acordaron entre todos cambiar las estructuras de poder y las desigualdades en todos los niveles de gobierno en beneficio de la población en general.
Se lo logró, se dio orden a los niveles de gobierno con competencias claramente establecidas desde lo local a lo nacional, empezando por la planificación, los presupuestos, la ejecución y la evaluación, afuera conocida, como gestión de la planificación por resultados, en Ecuador; este nuevo orden tiene un componente adicional, el derecho de la ciudadanía a conocer y participar, sobre la base de sus necesidades, en principio, de las inversiones del Estado en sus respectivos territorios a nivel de barrios, comunas y parroquias urbanas. Una de las funciones del Estado que en ese camino se institucionalizó fue la Función de Transparencia y Control Social, donde surge el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como el encargado de promover y por así decirlo “defender” la participación de la población en lo público en todos los niveles de gobierno cuya institucionalización ha demandado ingentes recursos más visibles en los concursos de méritos y oposición de las otras Autoridades de Control que en su labor de promover la participación ciudadana desde lo territorial. Otro actor, de esta nueva función, pero que se quedó en la historia sin hacer cambios, conservando su estructura y falencias, por los tiempos, transparencia y secretismo, es la Contraloría General del Estado, cuyo trabajo vertical de control sin la población y con financiamiento de cada nivel de gobierno hoy deja mucho que desear en el combate de la corrupción, y sino cómo entender que el dinero público se sigue despilfarrando en manos de servidores públicos de elección o dependientes, locales y nacionales, denunciados por los medios de comunicación igualmente locales como nacionales, y desmentidos en innumerables ocasiones, pero los hechos están a la visa y el control saludando a la bandera nomás.
Así las cosas, desde el 2008, lo que hemos tenido como resultado más visible de todo esto, es que la democracia representativa sigue siendo el protagonista de las grandes decisiones, minimizando a la población a pesar de los procesos eleccionarios, y maximizando su capacidad de convocatoria y su nivel de popularidad, pero los otros procesos, incluso localmente de invertir en que la población aporte a los grandes soluciones del País, se quedaron en ofrecimientos, no porque de pronto no haya la decisión del máximo representante de la democracia representativa, y sino miremos los Planes de Gobierno desde el 2006, sino porque quienes lo rodean han mirado en esta “oportunidad” de ser cobijados por su confianza, en los decidores de lo que a ellos les parece está bien en favor de la población. Cuando hasta inicios del 2008 con la Constituyente, siempre fueron escuchas y canalizadores de las decisiones de la población, pero esto quedó en la historia.
El Ecuador requiere nuevamente se den los pactos sociales, más allá de las Leyes, pero donde el cumplimiento de los acuerdos sea la base de cumplimiento de la Ley, y el control no sea una realidad, sino se ejecute, y entre a un proceso de análisis y debate con la población, de cómo ejercerlo desde abajo, más que desde lo vertical como viene sucediendo hasta ahora, con una justicia donde la investigación y el combate a la corrupción, más allá de los delitos comunes, los que se comenten con los fondos del Estado sean los principales perseguidos y castigados de manera ejemplar. En definitiva, centrarse en el ser humano motor de su propio desarrollo, donde se generen nuevos recursos desde las necesidades, porque las crisis hacen repensar en la manera cómo se viene haciendo las cosas.
Ahora hay una crisis indudable por la parte financiera y la ambición política de los que no ganaron elecciones por llegar al poder por la fuerza, porque los recursos ya no fluyen; se nos vendió una falsa idea de que no dependíamos ya del petróleo nuestra economía primario exportadora, pero sorpresa así ha sido durante los últimos 40 años, esto no se cambió como esperábamos, más allá de la construcción vial e infraestructura estatal para servicios como salud y educación que es momentáneo y que nadie desconoce, y gobiernos locales como los parroquiales, cantonales y provinciales, que se suponían debían ser lo generadores de nuevas iniciativas incluso en lo productivo desde la participación de la ciudadanía, y total sólo esperaron del Gobierno Central para cumplir, lo que les digan, minimizando o dejando de lado lo que establece la Ley, sin que hayan estado preparados para los cambios como la contratación pública por ejemplo, a pesar de que han transcurrido más de ocho años de supuesta transición, y todavía la población se queja de que no hay agua potable, alcantarillado, agua de riego, otros nichos de producción a gran escala y su comercialización, que son de competencia de los niveles de gobierno tanto exclusivas como concurrentes.
Ecuador sí cambió desde el 2008, pero en el camino la ciudadanía sólo quedó de mirona, alza manos, para aplaudir, sentirse feliz por estar en un acto público, defender un proceso que no está comprendido en su real dimensión, apasionarse y cerrar los ojos a la realidad unos pocos, hay un solo camino, una sola decisión, necesidades que salieron del grupo y pidieron el voto para satisfacerlas para ellos mismos, los que se acomodaron por el “trabajito” que me dieron y dejaron de actuar, por el estatismo, el clientelismo, los amigos, los compadres, y por estar en estas, ahora surge la corrupción con fuerza, lo que ha hecho que entre bomberos no se pueden pisar las mangueras.
Está claro hay que hacer cambios urgentes y dentro del pacto del 2008, eso no debe confundirse tampoco bajar la cabeza, sino en el diálogo hacer cumplir lo que está en la Constitución y las Leyes, sólo eso, y que se combata frontalmente a la corrupción, si en ese camino se quedan los panas, amigos, familiares, contratistas que dieron el 10% o más,  pues que así se haga, pero lo público que es de todos y todas es lo que debe salir ganando, al fin y al cabo somos nosotros mismos.

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