El
Diccionario de la Real Academia de la Lengua establece
que corrupción es: “En las organizaciones, especialmente en las públicas,
práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en
provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.”
Guillermo Cabanellas
de Torres en su DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL la
define a la corrupción: “Se estimaba tal el acto de quienes, estando revestidos de autoridad pública,
sucumbían a la seducción, como los realizados por aquellos que trataban de
corromperlos. En realidad, la corrupción venía a confundirse con el soborno o
el cohecho. Pero en el presente, corrupción equivale a destruir los
sentimientos morales de los seres humanos.”
Hay de por medio en
quienes cometen un acto de corrupción dos elementos que los hacen comunes: lo
público y la autoridad. Lo público lo entendido como de todos, lo más
trascendental, no tiene dueño, y desde la lógica de nuestra legislación ecuatoriana
lo que nos pertenece a todos y que está comprendido en un territorio específico
limitado por el derecho privado a la propiedad. La autoridad, su recubrimiento
como tal se da por elección o por designación, y entonces tenemos en Ecuador, a
los servidores públicos tanto de carrera (permanentes) como a los de libre
remoción y funcionarios de elección popular, que tienen responsabilidades
específicas que deben cumplir dentro de lo público, por delegación o por
elección. En medio de estos dos elementos está la confianza otorgada por el
pueblo a los de elección popular por el voto, y a los de designación en cambio
por delegación de la autoridad de la que está envestida el electo para cumplir
funciones específicas; esta confianza, que nace del pueblo, único poder en
nuestra democracia como lo establece la Constitución de la República del 2008,
ha sido y es confiada a las autoridades dentro de las distintas funciones del
Estado Ecuatoriano, como son FUNCIÓN EJECUTIVA, FUNCIÓN LEGISLATIVA, FUNCIÓN
JUDICIAL, FUNCIÓN ELECTORAL, y la FUNCIÓN DE TRANPARENCIA Y CONTROL SOCIAL.
Es importante
recalcar que las funciones de las autoridades deben cumplirlas conforme lo
establece la Constitución y el marco legal vigente, así como hacerlas respetar,
y vale el mismo razonamiento para el mandante, que es el pueblo, en la
exigencia de sus derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades, es decir,
son procesos continuos, donde la confianza de las partes es lo más valioso por
una democracia, en el caso de Ecuador suponía desde el 2008 un modelo de cambio
casi único, eso si recalco, reconocido en muchas leyes.
¿Pero qué es confianza?, de
acuerdo Diccionario de la Real Academia de la Lengua:
“Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Seguridad que alguien tiene
en sí mismo. Ánimo, aliento, vigor para obrar. Familiaridad o libertad
excesiva. Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más
personas, particularmente si son tratantes o del comercio.”
Guillermo Cabanellas de Torres en su
DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL la define a la
confianza: “Esperanza firme en una persona o cosa. | Familiaridad. | Trato
Íntimo. | Ausencia de etiqueta y cumplidos en las relaciones personales. |
Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente. | En el parlamentarismo, la
aprobación de la actitud del ministerio por la mayoría de las Cámaras; al punto
de que, "perdida esa confianza", derrotado en una sola votación el
gobierno, ha de presentar la dimisión.”
En nuestra democracia el principio de
autoridad en la administración de lo público delegado por la gente, de los
últimos 40 años, sigue diezmando la confianza en las autoridades electas y
designadas, tanto locales como nacionales, inclusive llegando al colmo de
minimizar, esconder, ocultar, aupar, dejar de lado sus funciones, enriquecerse,
hacer tratos ausentes de transparencia, obras y servicios con sobrecostos,
pedir más presupuesto, aliarse, dejar de lado las denuncias, cooptar
funcionarios y ciudadanía, ver por los amigos y la familia, los paraísos
fiscales, empresas offshore, evasión de impuestos, cohecho, coimas,
testaferrismo, peculado, concusión, y así seguiríamos, dando muestras de cómo
la corrupción, que tanto se ofreció combatir, surge como nunca antes, en medio
del rechazo generalizado de la población, que ve con apatía que la mentira está
por encima de la verdad, y que las distintas funciones del Estado han fallado
en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Gran reto entonces para quienes venimos
trabajando en los procesos de transformación del Estado, que por lo menos en
Leyes está, pero el desacato, la improvisación, la ausencia de planificación,
de control, de justicia, de participación, de transparencia, y de sanción a los
corruptos son deudas de las Autoridades que han menoscabado la confianza de la
gente, y eso implicaría una limpieza profunda de aquéllos que han visto en lo
público su mina para enriquecerse. Debe haber un cambio generacional, no queda
de otra, antes del 2008 siempre se habló de la posibilidad de que quienes han
participado o han estado ligados a partidos políticos que fueron responsables
en su momento, como autoridades de la administración pública y estuvieron
ligados a actos de corrupción no se les permita volver a participar en procesos
de elección popular ni de designación como autoridades, y se investigue y se
recupere los recursos públicos amasados en fortunas mal habidas, se implemente
lo que hoy se conoce como muerte política promovida en países como el Perú;
promover e institucionalizar este tipo de procesos con exclusividad en el combate
de la corrupción son necesarios y se les quite toda posibilidad de seguir
haciendo de las suyas, eso implicaría la renuncia de autoridades de control,
que poco o nada hicieron frente a las denuncias que desde la ciudadanía, las
redes sociales y los medios de comunicación tradicionales han hecho
permanentemente. Los recursos públicos recuperados por actos de corrupción
deben ser destinados para educar a la gente en planes, programas y proyectos
nacionales, que no sean sólo las aulas, sino en el barrio, en la comunidad, en
la parroquia, en la organización de base, a la gente en definitiva y
permanentemente, donde el debate de lo público no sea exclusivo de las
autoridades sino de la ciudadanía, la gente, el pueblo, y al menor acto de
corrupción la denuncia sea acogida, se investigue y castigue a los
responsables.
No podemos permitir
que se rasguen las vestiduras los corruptos, y quedemos entre nos, los graves
problemas económicos, políticos y sociales que esto implica, inclusive afecta
directamente en nuestra cultura, de cómo vemos las cosas, llegando al punto de
que hay personajes públicos y privados, que manifiestan que dejen nomás robar,
no son los primeros ni los últimos, haciendo que la corrupción desde esta
óptica sea parte de nuestras vidas, lo cual debe ser rechazado con educación,
con comunicación, con transparencia, con participación, pero a su vez con
nuevas autoridades comprometidas con el Estado que somos todos, por un Ecuador
donde los cambios deben profundizarse y radicalizarse, y los recursos públicos
realmente satisfagan las necesidades más apremiantes de la población, que en un
buen porcentaje sobre todo en lo rural siguen sumidos en pobreza, desigualdad,
inequidad y ausencia de empleo, desde sus propias fortalezas y debilidades
territoriales.
