En nuestro mundo de “democracia” se
consideran varios problemas en torno a los ofrecimientos de aquéllos que
quieren llegar al poder, pero antes de eso valdría conocer qué significa desde
el lenguaje jurídico, varios términos que están relacionados con mentir y que la
legislación protege a la ciudadanía, y se encuentra establecidos en el Código
Orgánico Integral Penal:
“PREVARICATO DE JUECES Y ÁRBITROS: Las o los miembros de la carrera
judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley
expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa,
haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de
las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados
y procuradores, cometen prevaricato.
PREVARICATO DE LOS ABOGADOS: La o el abogado, defensor o procurador
que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que después de haber
defendido a una parte y enterándose de sus medios de defensa, la abandone y
defienda a la otra, cometen prevaricato.
PERJURIO:
La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad
competente, falte a la verdad bajo juramento,
comete perjurio.
FALSO TESTIMONIO: La persona que, al declarar, confesar,
informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad sin juramento, comete
falso testimonio.
ACUSACIÓN O DENUNCIA MALICIOSA: La persona que proponga una denuncia o
acusación particular cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o
denuncia sea declarada judicialmente como maliciosa.
FRAUDE PROCESAL: La persona que con el fin de inducir a
engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o
administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos
o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, comete fraude
procesal.
De
igual manera comete fraude procesal quien conociendo la conducta delictuosa de
una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se
aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los
instrumentos o pruebas materiales de
la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su
represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte
u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el
esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de
favorecerlos.”
Este breve relato de términos jurídicos, que en realidad
deberían conocer toda la población, nos hace ver como la “mentira” está
claramente definida en diferentes ámbitos, sobretodo en lo público, pues el requisito
fundamental para el caso que nos ocupa, es que se cometan ante un “autoridad pública”.
Acá viene entonces el inconveniente por así decirlo, la mentira cometida entre
particulares tiene otros nombres como por ejemplo el delito de difamación.
Pero qué tiene ver esto con el “poder” de aquéllos que aspiran
cobijarse con el voto popular de la gente, en las elecciones, pues mucho, en
vista de que los candidatos de los diferentes movimientos y partidos políticos
están vinculados en su origen y reconocimiento a una Función del Estado cual es
la Autoridad Electoral, que regenta actualmente el Consejo Nacional Electoral
del Ecuador y Tribunal Contencioso Electoral. Así mismo como requisito para
inscribir candidaturas ya los procesos eleccionarios uno de los requisitos que
se debe presentar para la inscripción es el PLAN DE TRABAJO, donde se
establecen las ofertas de campaña, pero que en realidad dicen mucho de lo que
será la futura autoridad de llegar a favorecerse con el voto popular. Pero aquí
viene la coyuntura, si el PLAN DE TRABAJO es un requisito y fue presentado ante
Autoridad competente, y llegando al poder con esas “ofertas” de campaña,
juramentando en ese cargo y posesionado, cometen bien los delitos de perjurio o
de falso testimonio las autoridades, cuando en funciones todo lo que ofrecieron
no lo cumplen o cambian por completo sus ofrecimientos.
La respuesta, en principio sería que sí, pues estarían reunidos
los requisitos legales para inicio de una acción penal de oficio, considerando
que esto se da en el ámbito público y corresponde el inicio de la acción penal
a la Fiscalía General del Estado, o mediante denuncia de las personas que se
sientan afectadas, que en principio es toda la población, puesto que
técnicamente la mentira ocasionaría una serie de perjuicios a la población
relacionados con el bienestar colectivo, que en principio debería savaguardar
una Autoridad que en campaña ofreció todo lo que pudo y que llegado al poder
hizo todo lo contrario.
Las razones para esta reflexión, es porque cada día es más
común que Autoridades Electas en funciones junto con sus funcionarios,
públicamente en los medios de comunicación y en actos públicos, sus actuaciones
están reñidas a una serie de hechos que dicen todo lo contrario de lo que
ofrecieron en sus Planes de Trabajo, y es oportuno que la población conozca y
ejerza sus derechos, y asumiendo sus responsabilidades, que una Autoridad de éstas
no puede ni debe ser un mal ejemplo para las generaciones venideras, haciendo
uso de la mentira como algo normal, y que seamos corresponsables para que esto
siga sucediendo. Han habido casos inclusive de redes de corrupción que en torno
a la mentira se han institucionalizado, como eso de formar grupos dentro de la
institucionalidad pública que aportan voluntariamente (dinero y su tiempo,
incluso dentro de horas de trabajo) para hacer proselitismo político, y siempre
en función de la visualización de la autoridad de elección popular y por
sostenerse en el poder recurre inclusive a dar dádivas o regalos, entregar
contratos, callar, o simplemente no dar la cara. Son los pormenores del poder,
que pocos se atreven a cuestionar, pues sus resultados a la larga son poca o
nula eficiencia administrativa, falta de planificación, corrupción, ausencia de
control con complicidad de las autoridades llamadas a hacerlo, y una ciudadanía
donde si la administración no es transparente, y sin educación previa, es
indiferente y tolerante a los hechos de corrupción.
La solución, denunciar a quienes hacen de la
administración pública su medio para enriquecerse inclusive; porque no es
posible que la “mentira” sea el instrumento para alcanzarlo y la población
seamos sólo los “zombis” del voto popular, y luego nos olvidemos de las
promesas y su cumplimiento de quienes hasta con besos, abrazos, apretón de
manos, dádivas, regalos, bebidas alcohólicas, música, sean saludadores, buenas
gentes, lleguen al poder y hagan lo que les parece, y la población sólo de
mirona y cansada de ver los mismos hechos, en un círculo vicioso del poder.
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