Ejemplo de distorsión de mercado en Ecuador con opoyo del Gobierno saliente

Foto tomada de web economipedia

Por Ec. Pablo Dávalos

En  diciembrepasado presenté, en Radio Pichincha, una reflexión académica sobre la incidencia de los grupos económicos en la economía nacional. El Presidente del Banco del Pichincha, Antonio Acosa, ha solicitado el derecho a réplica!  Esta es mi respuesta:

Respuesta a Antonio Acosta Espinosa,

Presidente del Banco del Pichincha

El día 12 de enero de los corrientes, el Sr. Antonio Acosta Espinosa, Presidente del Banco del Pichincha, en  virtud de su derecho constitucional y legal a la réplica, envía a la Directora del Informativo Punto Noticias de Radio Pichincha Universal, varias puntualizaciones con respecto a declaraciones mías, realizadas en el respectivo programa de opinión y noticias, emitido a las 7h40 el 29 de diciembre de 2020. Al final de su pedido, el Sr. Acosta Espinosa establece que sus precisiones demuestran que mis declaraciones en ese espacio informativo fueron “falsas e infundadas”, y amenaza veladamente que ese tipo de declaraciones “malintencionadas” están “claramente penadas por la legislación vigente en el País” y, en un gesto gratuito que revela su consistencia moral, señala mi votación para la Alcaldía de Quito.

Sin embargo, luego de una lectura atenta de sus “precisiones”, se puede concluir y establecer que el Sr. Acosta Espinosa confunde el sentido y la información que fue presentada en dicho espacio radial. La información que presenté es oficial y consta en la página web del SRI, así como en aquella de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

La interpretación de los datos corresponde a un punto de vista académico sobre los procesos de concentración y centralización de capital, y de asimetrías de información generadas por las imperfecciones de mercados monopólicos que caracterizan a la economía ecuatoriana. Mis criterios, por tanto, son académicos, no son políticos, y no fundamentan ningún criterio de valor sino establecer una realidad objetiva y empíricamente demostrable desde la economía política y sus categorías epistemológicas y analíticas, y con datos oficiales. Las supuestas precisiones del Sr. Antonio Acosta Espinosa, en cambio, son totalmente ideológicas y, por supuesto, nada tienen que ver con la academia ni con el rigor del pensamiento científico.

En efecto, cuando presenté información sobre los grupos financieros y su responsabilidad fiscal, hacía referencia al Grupo Financiero Banco Pichincha, porque tal es la denominación del grupo raíz establecida por el Servicio de Rentas Internas, y que forma parte de un universo de 270 grandes grupos económicos que tienen el control de 5.170 sociedades nacionales (menos del 1% de las empresas registradas en la superintendencia de compañías y del catastro de empresas nacionales del censo económico del INEC), 1.558 sociedades extranjeras, 43 instituciones financieras y 48 grandes medios de comunicación, y que en conjunto pertenecen a 965 personas (el 0,002 % de la población total). Estos grupos económicos tuvieron ingresos, en el año 2019, de 68,45 mil millones de USD, y pagaron, en conjunto, el 2,34% de esos ingresos en impuesto a la renta. De hecho, su contribución del impuesto a la renta del año 2019 representó el 37,1% de la recaudación de impuesto a la renta de ese año, lo que significa que a pesar de sus enormes ingresos, su contribución tributaria no es sustancial.

Estos grupos económicos poseen activos que representan casi el volumen total de la economía ecuatoriana (124,67 mil millones de USD en activos, frente a 133.01 mil millones de la oferta final de la economía nacional, datos del año 2019), y tienen un patrimonio neto de 45,56 mil millones de USD, para un promedio de 47,2 millones de patrimonio per cápita (7.538 veces más grande que el ingreso per cápita nacional). En virtud que no existen impuestos directos que graven ni los activos ni el patrimonio, son ingresos netos que no causan ninguna responsabilidad tributaria para estos grupos económicos y sus accionistas.

En el caso específico del grupo económico Banco Pichincha, se trata de un grupo que tiene 4 accionistas principales, 111 empresas nacionales, 14 sociedades extranjeras, y 6 sociedades financieras, entre ellas el Banco del Pichincha, y dos domiciliadas en paraísos fiscales. Es, de hecho, el grupo económico más importante del país y así lo clasifica el SRI.

Su crecimiento en los últimos diez años ha sido espectacular. Sus ingresos han pasado de 1.187,31 millones de dólares en el año 2009 a 2.723,34 millones de dólares en el año 2019 (datos del SRI). Su principal accionista es Fidel Egas Grijalva. (Para una comprensión del origen y de cómo Fidel Egas Grijalva, principal de este grupo económico, se convirtió en uno de los hombres más ricos del país, gracias a diversos tipos de maniobras y colusiones con el poder político de turno, puede leerse la tesis de maestría en ciencias políticas de FLACSO, de Gabriela Alexandra Rosero Delgado, del año 2013: “Oligarquías en el Ecuador desde el auge neoliberal hasta su ulterior recomposición en la crisis económica del 2000”).

En consecuencia, cuando describí el comportamiento de este grupo económico, consideré la información agregada, además de oficial, de todo el grupo económico, y no solo de una de sus empresas, el Banco del Pichincha, que si bien es la más importante, solo representa una parte del modelo de negocios de este grupo económico.

Por ello, la información que presenta el Sr. Acosta Espinosa para precisar mis afirmaciones, en realidad solo hacen referencia al comportamiento del Banco del Pichincha, y no de todo el grupo económico. En efecto, además del Banco del Pichincha, pertenecen a este grupo económico varias empresas con gran poder de mercado como: Banco Diners Club, AIG Metropolitana de Seguros, Banco General Rumiñahui, Interdin, Banco de Loja, CrediFe Desarrollo Microempresarial, Banred, Almesa, Confiamed, Vaserum S.A., Olipuerto, entre las más importantes, además de una serie de fideicomisos y titularizaciones de cartera manejadas directamente  por este grupo económico.

Este grupo, es necesario decirlo, controla cuatro bancos que en diciembre del año pasado tuvieron, de acuerdo a datos de la superintendencia de bancos, un manejo conjunto de cartera de créditos por 7.912 millones de dólares, que representan el 29% de la cartera de créditos de todo el sistema financiero privado del país, lo que, sin duda, les da un margen de maniobra y una economía de escala que distorsionan todo el sistema de ahorro-inversión del país. Si se añade la cartera de activos del Banco de Guayaquil, ambos grupos económicos controlan el 41,03% del mercado financiero nacional, de ahí su poder de determinación de las tasas de interés.

Los bancos del grupo económico Banco Pichincha han colocado el 62,03% de su cartera en créditos de consumo que, a fines de 2020, tenían una tasa de interés de 16,63% (datos del Banco Central), lo que les permite un gran nivel de rentabilidad y provocan una distorsión macroeconómica importante (porque estimulan más el consumo que la producción con la subsecuente presión sobre la balanza de pagos). El grupo, asimismo, tiene una posición dominante de mercado en las microfinanzas porque controla el 58,1 % de la cartera de crédito al sector (conjuntamente con Banco Solidario controlan cerca del 72% del mercado de microfinanzas del sector bancario), y cobran una tasa de interés activa promedio de 22,87% (a nivel mundial la tasa Libor promedia el 4%). Son estas altas tasas de interés las que otorgan una gran capacidad financiera y una gran rentabilidad económica a este grupo económico.

Cabe indicar que el Banco Central del Ecuador no determina las tasas de interés del sector financiero, sino que las promedia y sobre ese promedio establece las tasas máximas de referencia por segmento. La determinación de las tasas de interés las hace el mercado bancario que, como puede apreciarse, tiene actores dominantes que generan asimetrías de información y definen precios de monopolio (de hecho, es una práctica para todos los mercados, no solo para el mercado de tasas de interés).

Con respecto al comportamiento tributario del grupo Banco del Pichincha, la información del SRI señala que el grupo económico reportó ingresos en el año 2019 por 2.723.348.224 dólares, de los cuales pagó en impuesto a la renta 122.706.924 dólares, que corresponden al 4,51% de sus ingresos, lo que pone al grupo económico en el rango superior de pago de impuesto a la renta (de los 270 grandes grupos económicos, solo el 17,4% de ellos registran pagos de impuesto a la renta superiores al 4%. El 61,85% de los grupos económicos pagan menos del 2% de sus ingresos en impuesto a la renta).

El mismo SRI reporta que cuatro empresas del grupo reportan 12,19 millones de USD en deudas tributarias: AIG Metropolitana con 3,97 millones de USD, Banco Diners Club con 3,84 millones de USD, Banco del Pichincha con 2,57 millones de USD y Seguros Pichincha con 1,8 millones de USD (de las cuales ninguna es en firme).

El grupo posee activos totales por 17.681.149.806 dólares, de los cuales, efectivamente, el 64,6% corresponden al Banco del Pichincha, el 13,8% al Banco Diners Club, y el 5,4% al Banco General Rumiñahui, lo que indicaría que el principal accionista del grupo, Fidel Egas, sería uno de los hombres más acaudalados del mundo. Asimismo, el grupo presenta un patrimonio de 3.590.126.578 dólares para cuatro accionistas principales.

A diferencia de otros grupos económicos, el grupo financiero Banco Pichincha tiene dos empresas que le permiten controlar la mayor parte de la liquidez nacional: Compañía de servicios auxiliares del sistema financiero y BANRED. Puede afirmarse que este grupo económico prácticamente controla la dolarización del país. En efecto, BANRED actúa como interfaz de todas las transacciones electrónicas que se hacen en el sistema de pagos del país. Fue este grupo económico, de hecho, el principal beneficiario de las reformas legales de la ley de Reactivación Económica que el gobierno de Lenin Moreno aprobó en diciembre de 2017, cuando transfirió el dinero electrónico del Banco Central al sector financiero privado. En esa circunstancia no se trataba tanto del dinero electrónico, sino más bien de garantizar el monopolio de BANRED en el sistema de pagos privados a nivel nacional. En efecto, todos los pagos en línea del sistema financiero privado pasan por el monopolio de BANRED, y generan costos de transacción a todo el sistema.

El grupo también maneja 90 fideicomisos y dos titularizaciones (por ejemplo, el grupo maneja el Fideicomiso Teleamazonas II). Esto le permite una enorme flexibilidad financiera y una gran capacidad discrecional con respecto a responsabilidades fiscales y legales.

A través de varios pronunciamientos en redes sociales, sobre todo en la red twitter, se puede constatar el constante apoyo que el principal accionista de este grupo económico, Fidel Egas G., realizó al gobierno de Lenin Moreno y a sus políticas económicas (por ejemplo, el 08 de octubre de 2020 escribió el siguiente tweet: “La valentía demostrada por Richard Martínez(ministro de economía durante 2018-2020 de Lenin Moreno, P.D.) para asumir una tarea que parecía imposible y su capacidad y esfuerzo demostrada con resultados tangibles merece un gran reconocimiento …”). Por lo que puede colegirse que la política económica en el periodo 2017-2021, benefició de forma directa a los grupos económicos en general y al grupo Banco Pichincha en particular.

En consecuencia, mis aseveraciones corresponden a un pronunciamiento académico que puntualiza en las graves distorsiones para el sistema de precios que provocan los monopolios y las posiciones de dominación de mercado de los grandes grupos económicos, su escasa contribución fiscal, y la forma por la cual estos grupos manejan de forma estratégica la economía nacional en función de sus propios intereses. Su enorme poder económico solo puede comprenderse por su colusión con intereses políticos determinados y con políticas económicas que les benefician de forma directa. Hay que recordar, además, que estos grupos económicos también manejan 48 grandes medios de comunicación, que permanentemente generan un consenso nacional sobre la supuesta necesidad de proteger los intereses particulares de estos grupos económicos como si fuesen intereses de todos.

Considero que la democracia puede fortalecerse con instituciones sólidas y con responsabilidad fiscal. Los grupos económicos pueden confrontar una mayor carga fiscal y una mejor determinación tributaria desde el SRI, y para ello se necesita de un gobierno que no esté atado ni coaccionado por ellos. Pero no solo se necesita una mayor carga fiscal para estos grupos económicos, sino también evitar su capacidad de distorsión del sistema de precios en el mercado interno. En efecto, el sistema de precios registra más la renta de monopolio de estos grupos, que la libre competencia del mercado. El país necesita una fuerte arquitectura institucional que ponga freno a esas distorsiones y que asegure un sistema de precios más acorde tanto con la dolarización, como con la estructura económica del país. También se necesitan tomar acciones inmediatas, como por ejemplo dividir en bancos más pequeños al Banco del Pichincha, cuyo tamaño representa un riesgo sistémico para toda la economía nacional.

Con respecto a las “puntualizaciones” realizadas por el Sr. Antonio Acosta, las considero como un pronunciamiento ideológico del responsable de un banco privado, que, además, es propiedad de un grupo financiero, y que no tienen ninguna importancia académica, ninguna relevancia intelectual y cuyos datos, en realidad, avalan mis declaraciones.

Pablo Dávalos, PhD en economía

Fuente fan page Facefook Ec. Pablo Dávalos 

¡NEOLIBERALISMO¡ REGRESÓ A ECUADOR EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Aprovecharse de la situación y vengarse, es la peor de las burlas e insultos a la población, haciéndose el ciego, sordo y mudo; Ecuador en Octubre de 2019 desde los sectores sociales e indígenas, haciendo uso de su derecho a la resistencia, rechazó el incremento de los combustibles (eliminación de subsidios), que afecta directamente a los precios de los productos de primera necesidad, y se dieron alternativas para mejorar los ingresos del Estado, pero no, el gobierno de #LeninMoreno insistió en las medidas neoliberales, que en medio de la pandemia del #coronavirus #covid19, no corresponden a la realidad del Ecuador, pues la injusticia al no cobrar por ejemplo a los deudores y evasores tributarios, hace sin duda que los platos rotos los paguemos todos.

No hay que olvidar el rol del Fondo Monetario Internacional y de acreedores internacionales, a quienes las últimas medidas les aseguran el pago de la #deudaexterna, priorizando sobre las necesidades más urgentes de la población; modelo caduco, que trae desastre y pobreza a los países donde se toman este tipo de medidas como ya en #Ecuador.Los grupos de poder económicos, banqueros y políticos tradicionales del País, apegados a estas medidas neoliberales, no de ahora, de siempre, ya fueron gobierno, han estado y están en el poder, donde priorizan lo económico al ser humano, buscan en medio de esta crisis ahora, llegar al poder central, pero con un detalle el desgaste que se ha generado en estos días por su cogobierno con #LeninMoreno ha hecho que su imagen se vaya por los suelos, y la lucha aparte de las #redessociales, está en el uso nuevamente del derecho a la resistencia que la población seguirá haciendo como desfogue ante la impotencia, al haberse afectado el empleo público y privado, la disminución de presupuestos en salud, educación, ciencia y tecnología, becas y ahora prácticamente detener a #inversiónpública que en los últimos 10 años antes de 2017 eran el motor de la economía dolarizada en el Ecuador, y se ha privilegiado la salida de capitales a #paraísosfiscales que debilitan de por sí la economía, valiéndose de cambios legales en normas secundarias en acuerdo con la Asamblea Nacional, y las recientes medidas que buscan el control de lo público a cambio de privilegiar los intereses privados de quienes #cogobiernan con el gobierno actual.

La Constitución de la República está vigente, y quienes han tomado incluso decisiones unilaterales como haber firmado una Carta de Intención sin autorización de la Asamblea Nacional, traerá cola, porque las disposiciones constitucionales no han sido modificadas, y que conste que los ofrecimientos de #LeninMoreno realizados en campaña serán susceptibles de evaluar y controlar, y se inicien después de su mandato sendas investigaciones por violentaciones reiteradas a los derechos ciudadanos y por complacer a los designios de organismos internacionales de crédito, como ahora mismo la pretendida disminución de sueldos con el cuento de disminuir la jornada laboral, y el detalle en lo público y privado, y dicen con acuerdo entre las partes, cuando las leyes aprobadas favorecen a los intereses de los empleadores y eso incluye al Estado también.

La población ecuatoriana en su conjunto, aproximadamente en el 80 por ciento no es dueña del capital, somos dependientes del capital nacional y extranjero para promover riqueza y desarrollo, mal distribuida, y más en una economía dolarizada como la nuestra; en la lógica tributaria quien más tiene más paga y el que menos tiene menos paga, pero una y otra vez esta realidad nos lleva a constatar que el no pago y evasión de impuestos sigue siendo una utopía de quienes más ganan en la economía ecuatoriana, y es paradójico que las medidas tomadas en estos días del mes de mayo de 2020 justo son a favor de este grupo minúsculo de la población. Ahora el peso de la contribución, sin salirnos de este análisis, se ha trasladado a la clase media y pobre del Ecuador, sin que se haga un mayor análisis de parte del Gobierno, que se termina, de los impactos sobre desigualdad, pobreza e inequidad que se prevén se profundicen en los siguientes meses y años.

Las #elecciones2021 se vienen y con ellas a poner en orden la casa, quien desmantelaron el estado físicamente, constitucionalmente se reivindicarán los derechos de la ciudadanía, allí está el dilema, los candidatos que ofrezcan sacar al Ecuador del hoyo en el que nos han metido serán favorecidos del #votopopular, porque es cuestión de mover el piso y, caigan y paguen quienes tengan cuentas con el Estado, y seguramente las normas secundarias aprobadas deberán ser derogadas, y quien con criterio formado ofrezca favorecer a las mayorías será cobijado por la confianza de la población. Ya no es cuestión de ideologías, es de supervivencia, de #luchadeclases, donde los gobernantes respondan a la población en su conjunto más que al grupo de financistas y poderes locales que unidos a los internacionales, al menos en el actual gobierno, tienen un aliado efímero, que pasará a la historia como el #peorgobiernodelahistoria por sus mentiras y traiciones, no a personas, sino a los procesos de cambio que el Ecuador ya los vivíamos hasta antes del 2017, y que debían fortalecerse, pero se fue todo a pique.

Y lo peor de todo, la corrupción, nunca se fue y sigue entre nosotros, donde el grupo nuevamente de privilegiados que se favorecen con contratos estatales, agravándose en medio de la pandemia mundial, a cambio de seguramente como en otros casos de jugosas coimas, y vale resaltar los sobreprecios, los compadrazgos, amiguismos, las familias, que están involucradas, incluso en el pago de favores políticos con puestos en instituciones estatales, o las redes de yo te doy empleo y cuánto me das mensualmente por nombramientos, esas son realmente las lacras de la corrupción, sumado a la impunidad y al descontrol administrativo y judicial, nos han hecho tocar fondo como en la crisis de 1999, donde hasta ex gobernantes incapaces según ellos tienen opciones para lanzarse nuevamente a la Presidencia, así o más descompuesto el engendro de #democracia que nos están dejando con claras evidencias de que pasamos ya a una #dictaduraperfecta.

Pero hay luz al final del túnel, uniéndonos hagamos fuerza, y sí hay optimismo y ganas para hacerlo, somos miles, millones, que debemos confrontar a la impunidad, la injusticia, la desigualdad, la corrupción, cambiar el sistema de elegir autoridades donde no decida una nomas, que el poder sea fiscalizado permanentemente, y quien mienta vaya directamente a la cárcel, ofreciendo una cosa en elecciones y en el poder hacen todo lo contrario, hacer que las empresas electoreras desparezcan, por una democracia de todos para todos.

Imágenes tomadas de:
1 https://www.las2orillas.co/caricatura-crisis-en-ecuador/
2 https://www.centralwesterndaily.com.au/story/4582021/what-you-eat-really-makes-a-difference/?cs=105

OTROS GOBIERNAN, Y ESO NO ES DEMOCRACIA

Ecuador a pesar de los cambios introducidos en la Constitución de la República del Ecuador, donde se aprobaron varias formas de democracia como por ejemplo, la directa, la representativa, la participativa y la comunitaria, en todas hay un origen común, nacen de abajo, del pueblo, sea que se les consulta directamente, sea que se eligen representantes, sea que se seleccionan delegados o la que ejercen por tradición nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades en sus formas de gobiernos y hasta de justicia, respectivamente.

Sin embargo antes del 2008, por más de 25 años gobernaron grupos de poder, banqueros y medios de comunicación que sin ningún escrúpulo, por ejemplo los gobiernos que ganaban las elecciones casi siempre financiados por estos #grupos, han pisoteado la democracia, y han hecho de ella lo que les da la gana. Su estrategia ha sido esconderse tras los membretes de asesores y delegados directos de sus intereses a lado de las personas que toman las decisiones, pero para llegar allá se encargan de que en campaña las #ofertas escritas en el Plan de Gobierno sean las más amplias posibles y lleguen a la población, haciendo de la demagogia su bandera, ofreciendo o entregando regalos, para que llegue al poder el financiado; alcanzado el objetivo, ponen en marcha sus maquiavélicas decisiones inconsultas y #mentiras, que no se dijeron durante la campaña, y torpedean toda forma de democracia que se manifieste durante el período de su pupilo hasta que termine, así se produzca un desgaste, que saben es necesario con el fin de cumplir con sus objetivos. Casi siempre estos #gobiernos #títeres, hacen lo que les ordenan, y claro sus decisiones son para favorecer, sea con obras y servicios, sea privatizándolos o simplemente vía sobornos sacar el dinero de lo público, incluso se conoce, a #paraísosfiscales, para evadir impuestos en el país de origen o producto de sobornos como en el caso más sonado como el de #Odebrecht en Latinoamérica. Apetecen también el poder de perseguir y hacer justicia, por ello buscan los Ministerios y funciones como las del Control y la Justicia, donde no hay democracia sino dedocracia, hasta se inventaron la meritocracia que es una panacea, como mecanismos de persecución para aquéllos que se atrevan a cuestionar las decisiones de sus pupilos o sus delegados, que en realidad son ellos mismos. Y repito, protegerlos es la consigna.

La democracia debería abanderar los gobiernos, pero cuando están estos poderes fácticos, tenemos ya no una democracia para todos, sino de quienes ostentan el dinero y la opulencia como fin últimos, mientras principios como el de igualdad, solidaridad, equidad, respeto ala diferencia, participación, quedan relegados como si nada a segundo plano.

Ecuador ya vive esta realidad nuevamente, cuando miramos que el desempleo, la corrupción, la falta de inversión pública y privada, la disminución creciente de recursos en los sectores de salud y educación, se sigue endeudando sin freno, se perdona más de 4000 mil millones de dólares a esos grupos financistas de campañas electorales, se favorece con puestos políticos a quienes quieren privatizar los negocios más rentables del estado, los banqueros nuevamente siguen sacando el dinero a #paraísosfiscales, se han apropiado de la voluntad popular para justificar cambios inconstitucionales arrogándose funciones, suscribiendo compromisos con organismos internacionales como con el #FMI en desmedro de la mayoría de ecuatorianos, la pretendida subida de impuestos y desregulación de los bancos como antes de 1999, llevarnos a una crisis inducida, nos da la certeza de que el #viejopaís regresó y con más ambición de quienes de su títere lo manejan a su antojo, y donde partidos políticos tradicionales, que en realidad son de intereses personales, toman las decisiones, para favorecer todos esos intereses particulares que están detrás, repartiéndose o por lo menos ya lo han dicho mediante las concesiones o privatizaciones los negocios y obras del Estado, que costaron miles de millones de dólares a todos los ecuatorianos, y que las quieren para incrementar sus bolsillos con el pretexto de mejoras en el servicio.

No nos engañemos, está consagrado nuestro derecho a la resistencia en la Constitución, nadie les dio el voto a los que realmente cogobiernan en #Ecuador, no se han ganado un voto para hacer lo que están haciendo, y el gobernante claramente ha perdido credibilidad en la población con índices por menos del 16 por ciento así como la #AsambleaNacional que está en las mismas, ahora sienten miedo, de que el control que lo tuvieron, que ellos mismo propusieron se hagan cambios en la manera de elegirlos, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que claramente no siguen una mayoría sus designios, busquen hasta desaparecerlo por el capricho de esos grupos, que repito, nadie votó por ellos, y sin embargo valiéndose de estar argucias y manipulaciones del poder, gobiernan ya el Ecuador. A defender la patria ecuatorianos, porque ella por sí misma no puede, porque los medios de comunicación tapan esa corrupción, publicando o no lo que les conviene a ellos, que de paso hasta dueños son, como el caso de Teleamazonas que es de un banquero.

La manipulación mediática hace más daño que una guerra, porque nos hace pensar que nada pasa. Hagamos conciencia, no permitamos que estos grupos de poder manipulando la voluntad popular, y hasta las normas Constitucionales y legislación secundaria, nuevamente secuestre al Ecuador, estamos todavía a tiempo.

LA OTRA CORRUPCIÓN…

Imagen tomada de la web kaosenlared.net/

Partamos definiendo qué es neoliberalismo y su vigencia:

“El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales.

La palabra, como tal, es un neologismo formado por el elemento compositivo “neo-”, que proviene del griego νέος (néos) y significa ‘nuevo’, el sustantivo del latín liberālis, y el sufijo relativo a doctrina o sistema “-ismo”.

El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social (es decir, del Estado benefactor), y toma fuerza gracias a las debacles de la economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas a finales de los años 20 y la de la década de 1970.

Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas.

Favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos.

El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor de desarrollo de una nación, por ello, además de considerar que todos los aspectos de la vida de una sociedad deberían estar subordinados a las leyes de mercado, defiende el libre comercio para propiciar una mayor dinámica en la economía, lo cual, en teoría, debería generar mejores condiciones de vida y de riqueza material.

Sus principales ideólogos y promotores son Friedrich August von Hayek y Milton Friedman, quienes la proponen como modelo alternativo para salvar la economía del siglo XX.

Líderes políticos de la magnitud de Ronald Reagan, Margaret Thatcher o Augusto Pinochet, en Latinoamérica, fueron los primeros en implementar las políticas neoliberales en sus respectivos países. No obstante, hoy en día es una de las corrientes ideológicas más extendidas en Occidente, siendo su modelo por excelencia Estados Unidos”.

Tomado de https://www.significados.com/neoliberalismo/

Analistas nacionales e internacionales concuerdan, favorecer a las clases pudientes no es la solución a los problemas que vive el País, partiendo del hecho de que el Estado debe velar por todos, el pueblo, la gente, de medianos y escasos recursos, quienes son la mayoría, y así lo preveía el Plan de Gobierno de #LeninMoreno para ganar las elecciones 2017-2021.

Pero, la realidad, hay actores en el actual gobierno, que buscan y han buscado no de ahora, de siempre, que el sistema esté a su favor desde el nivel político, a su vez requieren de ingentes recursos económicos para promoción de nombres, campañas y ganar las elecciones; de los de abajo sólo quieren el voto. La razón fundamental para hacerlo, es porque saben que los recursos públicos a unos los sacan de la pobreza porque se les da la oportunidad y a otros en cambio los vuelve más ricos, el cuento es que el Estado no puede sobrellevar todo y hay que privatizar todo, para eso se inicia con los procesos de austeridad fiscal, menos ingresos, pasando por los despidos de servidores públicos, y disminuyendo la capacidad del estado en la oferta de servicios y obras públicos, así como la regulación y control, para iniciar lo otros, lo dicho privatizar, a favor de los amigos y conocidos, o simplemente colaboraron con esos fines, haciendo, incluso, que los medios de comunicación, se vuelvan sus aliados estratégicos para que a las mayorías los atonten, los idioticen, con información que desvíe la atención de lo de fondo, el manejo de lo público desde el punto de vista del dinero. Y claro los medios como son privados y casi siempre de los mismos que pululan por los recursos estatales, siguen el juego, para a través del lobby lograr beneficios, sino son sus empleados los dueños a través de la incidencia o sosteniendo tesis falsas como verdades.

El Gobierno actual de Lenin Moreno, ha caído ya en ese proceso, con razón o sin ella, al Ecuador nos está llevando después de la crisis que ya vivimos, a una desesperanza y desconfianza de lo público, que provocará el descalabro del Estado, mientras unos pocos saborearán las mieles y las utilidades de los recursos públicos, y aquello del Estado distribuidor de riqueza se queda sólo en ello.

Se hizo un proceso de cambio desde el 2008 que en normas Constitucionales y normas secundarias siguen afortunadamente vigentes, y aquéllos que quieren cambiarlas se han topado con muros muy gruesos de resistencia para por ejemplo privatizar los sectores estratégicos del Estado, y han recurrido a su prepotencia y poder actuales, a poner en vigencia otros intereses como los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que pone condiciones duras a la población y favorece a los pequeños grupos de poder que se benefician directamente de sus imposiciones.

Siguen habiendo alternativas, eso es una certeza, pero mientras la cabeza mayor, con engaños y mentiras nos arrastra en ese camino aupado de los medios y grandes grupos de poder económico, seguirán con su mirada firme por hacer reformas, aunque inconstitucionales, provocando inestabilidad y esas desconfianza en lo público, en lo institucional, que irremediablemente puede provocar una respuesta social, sin medir las consecuencias hasta ahora de ello. Estamos en un estado de haremos lo que podamos hasta cuando nos dejen, luego de eso veremos, y lo están logrando sin que haya respuesta como en otros tiempos, como en la crisis de 1999 con la quiebra de bancos e incautación de los recursos de la población.

Esta corrupción a la que nos llevan, es privada, y se favorecen los grupos de poder que financiaron a los políticos o a quienes ellos quieren favorecer, incluso en las elecciones, y sino miremos como quien domina la función electoral abiertamente lo han dicho los medios de comunicación es el Partido Social Cristiano, que tanto criticó, pero de mucha experiencia eso sí, en tomarse el poder para sus propios fines. Esto ha provocado una alternancia en el poder, de donde han salido nuevos ricos, pero que lo de lo último que se acuerdan en beneficiar a la población, y están atrás nuevamente de que los negocios del estado, al menos los más rentables regresen a los grupos económicos de los panas y conocidos, y claro por las comisiones que eso representará, disfrazados de privatizaciones y de austeridad estatal. Un modelo de gobierno caduco, que en países como Argentina, Perú, Chile, están llevando a los que menos tienen, o sea a la mayoría, a la pobreza y miseria, que en el caso Argentino en estos días el Presidente Macri ha dicho que para alcanzar el desarrollo se necesitarán 10 o 20 años aplicando este modelo, mientras los recursos naturales por ejemplo son entregados sin miramientos de ninguna clase a multinacionales extractivas, y dejando a los locales contaminación y la calavera, nada más.

Hay una sed de entreguismo que a través del voto popular con fantasías o con engaños nos están llevando ya a una crisis generalizada, y los medios hacen su parte, reflexionemos conciudadanos de lo que se nos viene, antes que nos quedemos con la calavera nomas, y quienes venden los espejitos, se van a quedar con las riquezas que nos rodean, y nosotros contemplativos como por nuestros ojos nos envuelven la pobreza y la miseria de a poco.

EL CONTROL VERTICAL: ¿HASTA CUÁNDO SE EVALÚA Y SELECCIONA A SU TITULAR?

El 1 de marzo del 2018, fue la posesión de los miembros del #ConsejodeParticipaciónCiudadanayControlTransitorio #CPCCSt en Ecuador, como producto de la Consulta Popular 2018 donde el #Gobierno de #LeninMoreno propuso que la ciudadanía apruebe varios cambios, sobretodo enfocados uno de ellos a la cirugía mayor contra la #corrupción.

El #trabajo a la cabeza con el señor Doctor Julio César Trujillo, elegido por unanimidad a la cabeza del #CPCCSt sin duda fue lo inmediato para dar paso a lo que hoy somos testigos está ocurriendo, principalmente la evaluación y liderar los procesos de selección de las autoridades del Estado que ejercen control en la Función de Transparencia y Control Social, incluidas a aquéllas como la Corte Constitucional y el #ConsejoNacionalElectoral.

Prácticamente instituciones, como las Superintendencias han sido evaluadas, cesando a todas las autoridades que han incumplido sus funciones en el marco de estos procesos y según las evidencias encontradas en informes que fueron solicitados oportunamente a cada uno, y dejando a encargados de parte del #CPCCSt en cada una de estas instituciones.

Cabe resaltar que las organizaciones cuestionadas durante el anterior gobierno, principalmente porque demostraron incapacidad e incluso se conoce públicamente socaparon y auparon la corrupción, fueron la #ContraloríaGeneraldelEstado en donde estuvo al frente el señor #CarlosPólit quien en el último concurso tuvo 100 puntos para reelegirlo en ese cargo por el CPCCS cesado en funciones, y que venía desempeñándose desde la época del gobierno de Lucio Gutiérrez.

Uno de los organismos de control vertical del #Estado, quizá el más representativo, es la #ContraloríaGeneraldelEstado, a quien en el proceso de transición del #gobierno de #RafaelCorrea al de #LeninMoreno, se acusó y por eso hay procesos penales abiertos, a su titular el señor #CarlosPólit de haber cometido varios delitos de #corrupción como #concusión en casos sonados como el de #Odebrecht muy ligado a los #paraísosfiscales y la trama de #corrupción #internacional que ha sacudido a varios gobiernos en Latinoamérica por la entrega de coimas a funcionarios de esos países, incluido el nuestro, y uno de los casos donde el Contralor está siendo llamado a juicio, demostrándose que la #corrupción por más de 10 años ha estado enquistada en la protección con informes a favor de quienes corrompían y los corruptos, y que ha sido a todo nivel desde las Gobienro Locales hasta el Gobierno Nacional.

Siendo de tal magnitud y acogiendo el sentir ciudadano de combate a la corrupción, la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018, la ciudadanía se pronunció a que la entidad responsable de realizar los concursos de selección por méritos y oposición de las autoridades de Control del Estado termine sus funciones y prácticamente a discrecionalidad del Gobierno de Lenin Moreno se establezca el nuevo #ConsejodeParticipaciónCiudadanayControlTransitorio #CPCCSt, como efectivamente ha ocurrido.

A pesar de los resultados encaminados al mandato popular de evaluar a las autoridades de control del Estado por parte de los miembros del #CPCCSt, la #ContraloríaGeneraldelEstado, no se ha evaluado y tampoco se ha iniciado con el proceso de #selección del titular de la #ContraloríaGeneraldelEstado, para que se conozca, por un lado qué mismo pasó con las denuncias e informes sobre actos de corrupción que por esta endidad de control quedaron truncadas a cambio de incluso aportes económicos que se exigían a autoridades, sobre los procesos judiciales que se han iniciado a partir de informes de la Contraloría, y conocer de primera mano las razones de su inacción. Actualmente el titular de la Contraloría es el señor #PabloCeli, desde el 20 de junio del 2017 tras la #renuncia del titular Carlos Pólit al cargo, es decir más de un año.

Las razones sobran para que se inicien los procesos de #evaluación y #selección del titular #ContraloríaGeneraldelEstado, más cuando junto con la ausencia de los titulares de la #FiscalíaGeneral y de los miembros del #ConsejodelaJudicatura, y sólo con encargados, no se asegura ni asegurará el combate de la #corrupción como política de Estado, porque cada vez hay más señales y evidencias de que quienes están al frente como encargados cometan, peores errores de los que estuvieron, con el pretexto del cambio y vuelta a la página, y poniendo a dedo a #autoridades que no son legítimamente seleccionadas, a pesar de la legalidad aparente que están encubiertos

Y los que estamos de mirones, la gente, hasta cuándo?...

SE CONFIRMA LO PEOR DE LA #CORRUPCIÓN...

#Ecuador, es un país lleno de contrastes, donde la euforia del #cambio, de #revolución, fueron procesos que se iniciaron con la esperanza de ver un País diferente, donde desde abajo la ciudadanía ejerza el control horizontal del Estado, y las esperanzas siempre estuvieron puestas en la última década de la Presidencia del Economista Rafael Correa Delgado. Una transformación desde las raíces, donde se esperaba que los recursos públicos de manera planificada y participativa se prioricen obras y servicios que apuntalen el combate a la pobreza, por la transparencia y combate a la corrupción, por ello se apostó a la creación de la Función de Transparencia y Control Social, y se institucionalizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como ícono para promover la participación de la gente en lo público y en el combate a la corrupción, como una de sus funciones principales, pero que en la práctica se limitaron y le dieron trascendencia a los procesos de designación por concurso de méritos y oposición de las autoridades de control del resto de Instituciones que integran esta función del Estado, una de esas de la Contralor General del Estado, y en el último concurso quien fue ganador declarado el señor Carlos Pólit quien se posesionó ante la ausencia de cuestionamientos y fiscalización de la Asamblea Nacional del período anterior. Pero en el fondo ¿por qué se limitaron a cumplir esta última función y a la ciudadanía prácticamente la dejaron de lado o por lo menos su participación fue intrascedente?. 

En estos días, acaba de hablar el ex contralor del Estado Carlos Pólit desde Estados Unidos, y por varios medios de prensa nacionales y locales se han hecho eco de sus declaraciones, muchas de ellas sorpresivas, y discutibles por la manera cómo las hace desde afuera y sin afrontar de forma directa los procesos judiciales que se han iniciado en su contra, y que inclusive en su ausencia puede llegar a ser juzgado. Pero entre otras afirmaciones, confirma en sus palabras una que desde mi punto de vista y experiencia es muy grave y vulnera el derecho de participación, y que hace relación a la contratación pública, en cuya Ley y Reglamento que se aprobó prácticamente desde inicios de la Administración de Rafael Correa, no se aclararon o precisaron aspectos como los porcentajes que se podían contratar adicionalmente al contrato principal en obras y servicios del Estado (contratos complementarios), y la Procuraduría General del Estado interpretó de dos maneras, inicialmente podría ser hasta el 35 por ciento, y luego se hace una interpretación, de hasta el 70 por ciento, y el señor Pólit claramente indica que desde esta interpretación antojadiza se destapó la corrupción en Ecuador y estamos hablando de miles de millones de dólares, que considerando que muchos de los contratos de obras millonarias se hicieron por declaratorias de emergencias, aparte de obviar los requisitos podían inflar los famosos contratos complementarios hasta en el 70 por ciento, y por lo que somos testigos ahora se conoce que esto se hizo costumbre, y en algunos de los gobiernos autónomos descentralizados ha pasado la misma situación.

Esto es comparable a un reparto de la torta, de los mayores y menores, y siempre fueron vistos los recursos públicos como parte de esa lógica, y surgen contratos emblemáticos como los entregados a Odebrecht. A decir de Pólit esto no fue casual y fueron las leyes elaboradas por quienes sabían y conocían cómo hacer el reparto del Estado, acusa a varios funcionarios de alto rango de Rafael Correa, pero lo de fondo confirma la peor de las premoniciones que desde la oposición siempre cuestionó, haber creado un sistema de propaganda del Estado para que no se den cuenta nadie de este tipo de artimañas o a los líderes sociales, que cuestionaban este tipo de tratos, dándoles puestos burocrátcos o cuotas políticas nacionales y locales aprovechando el aparataje del Estado. Y desde la institucionalidad, silencio total o bueno se hicieron los locos ante denuncias públicas como las que se hacían por contratos en el sector petrolero desde el 2009, y nadie siquiera desde la Asmablea Nacional se hizo eco para investigar y destapar los tratos mal habidos hasta donde se sabe por ejemplo en Petroecuador, dejando de lado la fiscalización y el control vertical, este último que llega tarde, cuando se empiezan las acusaciones mutuas entre compadres.

Es el gran problema de Ecuador, la transparencia sigue siendo cuestionada y la institucionalidad que igualmente se mentalizó por quienes sabían a lo que iban, se va por el piso, y más todavía cuando estaba políticamente hablando en manos de un mismo grupo político que en el fondo prometieron hasta "revolución", pero siempre nos quedamos en la careta, y otros movían realmente los hilos del poder por debajo, y el señor Pólit, aunque cuestionado por los procesos judiciales que le siguen en su contra, confirma con sus declaraciones los acercamientos, cuestionamientos y juegos del poder, que se conocían bajo la mesa y hoy se siguen haciendo públicos. Sigue la deuda del control, frente a una ciudadanía de lejos participativa e informada, y por ende en esa ignorancia el poder hace de las suyas, y si seguimos así no hay futuro prometedor, ni que sostenga a autoridad alguna.

LA MUERTE POLÍTICA (REFERÉNDUM 4 FEBRERO DE 2018)

Ante la innegable mayoría de votos a la Pregunta 1 del Referéndum realizado el 4 de febrero del 2018 en el Ecuador, el sí gana con un aplastante 73.71 %. Pero qué implicaciones tiene esta pregunta en el combate a la #corrupción. Pues bueno, el presente artículo busca aclarar algunas incógnitas y que las reproduzco por las consecuencias que tendrá a futuro.

PREGUNTA 1: 

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?, según los dispuesto en el Anexo 1

JUSTIFICACIÓN: Reformas atinentes a la lucha contra la corrupción

La corrupción constituye un flagelo mundial. La corrupción afecta a la sociedad entera, en lo público, facilita a grupos económicos o personas naturales ilegítimos e indebidos beneficios o prebendas a costa de la debida prestación de los servicios y la adecuada construcción de las obras públicas, lo que genera la vulneración de los derechos de los ciudadanos a una vida digna, y, por último, atenta contra la actividad misma del Estado y sus deberes para con los ciudadanos, especialmente los más pobres, al generar mayores condiciones de inequidad, y, destruye la institucionalidad democrática, por lo cual es imperiosa su erradicación.

La corrupción y los efectos de la corrupción son de tal gravedad que afectan inclusive al orden internacional, toda vez que los mecanismos e instrumentos utilizados se han internacionalizado y,  a fin de combatirla, incluso  la Organización de las Naciones Unidas expidió la Convención de las Naciones  Unidas contra la Corrupción, ratificada por el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo Nro. 340, promulgado en el Registro Oficial Nro, 76 de 5 de agosto del 2005, tendiente a que los estados adopten mecanismos concretos para combatirla, de los cuales el Ecuador  es suscriptor, organismo internacional al cual inclusive hemos solicitado el apoyo para coadyuvar en la lucha contra este flagelo en el Ecuador. En dicho instrumento, en el artículo 31, se obliga a las partes a adoptar las medidas que sean necesarias para  autorizar  el  decomiso  del producto de los delitos tipificados con arreglo a esa Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto, así como de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de las infracciones señaladas.

La Constitución de Montecristi, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, es clara al señalar que el Estado debe combatir la corrupción en sus diversas formas. Y establece  que la República del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, y democrático, su soberanía radica en el pueblo  y se ejerce a través de los órganos de poder público y las leyes nacionales.

Entre las potestades del Estado se encuentra la potestad de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial, para lo cual se ha implementado un régimen procesal como medio para el cumplimiento del debido proceso y la realización de la justicia.

Igualmente, como parte de los compromisos del Estado se encuentra la optimización de la administración pública, determinando la obligación de garantizar la ética como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, comprometiéndose a mantener una sociedad democrática y libre de corrupción.

El Gobierno Nacional ha iniciado un proceso de lucha contra la corrupción descubierta en algunos procesos de contratación de obras de interés nacional, las investigaciones de los actos de corrupción han sido dirigidas en contra de múltiples servidores públicos, así como de personas particulares, identificadas con el sector privado de la economía nacional y transnacional.

Dentro de los procesos que han desarrollado diversos organismos, con la participación de las instituciones afectadas por entramados de corrupción, se han detectado los mecanismos utilizados para perpetrar delitos que afectan a la eficiencia de la

administración pública. Los medios y ardides utilizados para lesionar al Estado  y evitar su intervención, alcanzan el uso de empresas nacionales, compañías en paraísos fiscales, así como cuentas y transferencias en esas jurisdicciones y desde esas jurisdicciones.

Por tanto es necesario, que el Estado establezca normas que protejan los intereses nacionales, impidiendo a los ciudadanos que hayan sido condenados por delitos relacionados con actos de corrupción, reincorporarse o participar de funciones públicas, así como imposibilitar que celebren contratos con el Estado. Cumpliendo así uno de los objetivos de la sanción penal, como es la prevención del delito, protegiendo de esta forma los intereses públicos, pues en lo posterior se les imposibilita al condenado de ocupar cualquier puesto y funciones públicas.

Además, se deben establecer sanciones que alcancen a las organizaciones y personas jurídicas del sector privado que sean utilizadas como medios o herramientas para la ejecución de actos delictivos que atenían contra la eficiencia de la administración pública.

En este contexto, es imperativo que el poder jurisdiccional pueda imponer sanciones ejemplares aplicables a las personas jurídicas que participan en la comisión de tales delitos, como son aquellas de carácter societario, y, en particular, su extinción.

Por otro lado, el peligro y la conmoción que representan las inconductas en contra de la administración pública anticipan una grave afectación en contra del Estado y de la población, afectándose el interés general y el erario nacional. Dichos actos afectan a la sociedad de forma inadmisible, produciendo conmoción social y repudio generalizado.

Por lo cual es necesario también que los bienes mal habidos y el producto de los actos de corrupción sean revertidos al Estado a fin de que sean destinados a las obras y servicios que requiere la sociedad.

En este sentido, las reformas propuestas aplican el principio constitucional de progresividad de derechos.

ANEXO

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Sustitúyase el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente texto:

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.

Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución.”

LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CODIGO DE LA DEMOCRACIA

Sustitúyase el número 2 del artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por el siguiente:

“2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción”.

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

Sustitúyase el primer inciso del artículo 10 de Ley Orgánica del Servicio Público, por el siguiente texto:

“Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública”.

FUENTES

http://www.elcomercio.com/actualidad/preguntas-consulta-referendum-leninmoreno-ecuador.html

https://resultados2018.cne.gob.ec/

¡CON LA #MENTIRA, AL #PODER!

En nuestro mundo de “democracia” se consideran varios problemas en torno a los ofrecimientos de aquéllos que quieren llegar al poder, pero antes de eso valdría conocer qué significa desde el lenguaje jurídico, varios términos que están relacionados con mentir y que la legislación protege a la ciudadanía, y se encuentra establecidos en el Código Orgánico Integral Penal:

“PREVARICATO DE JUECES Y ÁRBITROS: Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados y procuradores, cometen prevaricato.

PREVARICATO DE LOS ABOGADOS: La o el abogado, defensor o procurador que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que después de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios de defensa, la abandone y defienda a la otra, cometen prevaricato.

PERJURIO: La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, comete perjurio.

FALSO TESTIMONIO: La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad sin juramento, comete falso testimonio.

ACUSACIÓN O DENUNCIA MALICIOSA: La persona que proponga una denuncia o acusación particular cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea declarada judicialmente como maliciosa.

FRAUDE PROCESAL: La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, comete fraude procesal.

De igual manera comete fraude procesal quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos.”

Este breve relato de términos jurídicos, que en realidad deberían conocer toda la población, nos hace ver como la “mentira” está claramente definida en diferentes ámbitos, sobretodo en lo público, pues el requisito fundamental para el caso que nos ocupa, es que se cometan ante un “autoridad pública”. Acá viene entonces el inconveniente por así decirlo, la mentira cometida entre particulares tiene otros nombres como por ejemplo el delito de difamación.

Pero qué tiene ver esto con el “poder” de aquéllos que aspiran cobijarse con el voto popular de la gente, en las elecciones, pues mucho, en vista de que los candidatos de los diferentes movimientos y partidos políticos están vinculados en su origen y reconocimiento a una Función del Estado cual es la Autoridad Electoral, que regenta actualmente el Consejo Nacional Electoral del Ecuador y Tribunal Contencioso Electoral. Así mismo como requisito para inscribir candidaturas ya los procesos eleccionarios uno de los requisitos que se debe presentar para la inscripción es el PLAN DE TRABAJO, donde se establecen las ofertas de campaña, pero que en realidad dicen mucho de lo que será la futura autoridad de llegar a favorecerse con el voto popular. Pero aquí viene la coyuntura, si el PLAN DE TRABAJO es un requisito y fue presentado ante Autoridad competente, y llegando al poder con esas “ofertas” de campaña, juramentando en ese cargo y posesionado, cometen bien los delitos de perjurio o de falso testimonio las autoridades, cuando en funciones todo lo que ofrecieron no lo cumplen o cambian por completo sus ofrecimientos.

La respuesta, en principio sería que sí, pues estarían reunidos los requisitos legales para inicio de una acción penal de oficio, considerando que esto se da en el ámbito público y corresponde el inicio de la acción penal a la Fiscalía General del Estado, o mediante denuncia de las personas que se sientan afectadas, que en principio es toda la población, puesto que técnicamente la mentira ocasionaría una serie de perjuicios a la población relacionados con el bienestar colectivo, que en principio debería savaguardar una Autoridad que en campaña ofreció todo lo que pudo y que llegado al poder hizo todo lo contrario.

Las razones para esta reflexión, es porque cada día es más común que Autoridades Electas en funciones junto con sus funcionarios, públicamente en los medios de comunicación y en actos públicos, sus actuaciones están reñidas a una serie de hechos que dicen todo lo contrario de lo que ofrecieron en sus Planes de Trabajo, y es oportuno que la población conozca y ejerza sus derechos, y asumiendo sus responsabilidades, que una Autoridad de éstas no puede ni debe ser un mal ejemplo para las generaciones venideras, haciendo uso de la mentira como algo normal, y que seamos corresponsables para que esto siga sucediendo. Han habido casos inclusive de redes de corrupción que en torno a la mentira se han institucionalizado, como eso de formar grupos dentro de la institucionalidad pública que aportan voluntariamente (dinero y su tiempo, incluso dentro de horas de trabajo) para hacer proselitismo político, y siempre en función de la visualización de la autoridad de elección popular y por sostenerse en el poder recurre inclusive a dar dádivas o regalos, entregar contratos, callar, o simplemente no dar la cara. Son los pormenores del poder, que pocos se atreven a cuestionar, pues sus resultados a la larga son poca o nula eficiencia administrativa, falta de planificación, corrupción, ausencia de control con complicidad de las autoridades llamadas a hacerlo, y una ciudadanía donde si la administración no es transparente, y sin educación previa, es indiferente y tolerante a los hechos de corrupción.

La solución, denunciar a quienes hacen de la administración pública su medio para enriquecerse inclusive; porque no es posible que la “mentira” sea el instrumento para alcanzarlo y la población seamos sólo los “zombis” del voto popular, y luego nos olvidemos de las promesas y su cumplimiento de quienes hasta con besos, abrazos, apretón de manos, dádivas, regalos, bebidas alcohólicas, música, sean saludadores, buenas gentes, lleguen al poder y hagan lo que les parece, y la población sólo de mirona y cansada de ver los mismos hechos, en un círculo vicioso del poder.