SE CONFIRMA LO PEOR DE LA #CORRUPCIÓN...

#Ecuador, es un país lleno de contrastes, donde la euforia del #cambio, de #revolución, fueron procesos que se iniciaron con la esperanza de ver un País diferente, donde desde abajo la ciudadanía ejerza el control horizontal del Estado, y las esperanzas siempre estuvieron puestas en la última década de la Presidencia del Economista Rafael Correa Delgado. Una transformación desde las raíces, donde se esperaba que los recursos públicos de manera planificada y participativa se prioricen obras y servicios que apuntalen el combate a la pobreza, por la transparencia y combate a la corrupción, por ello se apostó a la creación de la Función de Transparencia y Control Social, y se institucionalizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como ícono para promover la participación de la gente en lo público y en el combate a la corrupción, como una de sus funciones principales, pero que en la práctica se limitaron y le dieron trascendencia a los procesos de designación por concurso de méritos y oposición de las autoridades de control del resto de Instituciones que integran esta función del Estado, una de esas de la Contralor General del Estado, y en el último concurso quien fue ganador declarado el señor Carlos Pólit quien se posesionó ante la ausencia de cuestionamientos y fiscalización de la Asamblea Nacional del período anterior. Pero en el fondo ¿por qué se limitaron a cumplir esta última función y a la ciudadanía prácticamente la dejaron de lado o por lo menos su participación fue intrascedente?. 

En estos días, acaba de hablar el ex contralor del Estado Carlos Pólit desde Estados Unidos, y por varios medios de prensa nacionales y locales se han hecho eco de sus declaraciones, muchas de ellas sorpresivas, y discutibles por la manera cómo las hace desde afuera y sin afrontar de forma directa los procesos judiciales que se han iniciado en su contra, y que inclusive en su ausencia puede llegar a ser juzgado. Pero entre otras afirmaciones, confirma en sus palabras una que desde mi punto de vista y experiencia es muy grave y vulnera el derecho de participación, y que hace relación a la contratación pública, en cuya Ley y Reglamento que se aprobó prácticamente desde inicios de la Administración de Rafael Correa, no se aclararon o precisaron aspectos como los porcentajes que se podían contratar adicionalmente al contrato principal en obras y servicios del Estado (contratos complementarios), y la Procuraduría General del Estado interpretó de dos maneras, inicialmente podría ser hasta el 35 por ciento, y luego se hace una interpretación, de hasta el 70 por ciento, y el señor Pólit claramente indica que desde esta interpretación antojadiza se destapó la corrupción en Ecuador y estamos hablando de miles de millones de dólares, que considerando que muchos de los contratos de obras millonarias se hicieron por declaratorias de emergencias, aparte de obviar los requisitos podían inflar los famosos contratos complementarios hasta en el 70 por ciento, y por lo que somos testigos ahora se conoce que esto se hizo costumbre, y en algunos de los gobiernos autónomos descentralizados ha pasado la misma situación.

Esto es comparable a un reparto de la torta, de los mayores y menores, y siempre fueron vistos los recursos públicos como parte de esa lógica, y surgen contratos emblemáticos como los entregados a Odebrecht. A decir de Pólit esto no fue casual y fueron las leyes elaboradas por quienes sabían y conocían cómo hacer el reparto del Estado, acusa a varios funcionarios de alto rango de Rafael Correa, pero lo de fondo confirma la peor de las premoniciones que desde la oposición siempre cuestionó, haber creado un sistema de propaganda del Estado para que no se den cuenta nadie de este tipo de artimañas o a los líderes sociales, que cuestionaban este tipo de tratos, dándoles puestos burocrátcos o cuotas políticas nacionales y locales aprovechando el aparataje del Estado. Y desde la institucionalidad, silencio total o bueno se hicieron los locos ante denuncias públicas como las que se hacían por contratos en el sector petrolero desde el 2009, y nadie siquiera desde la Asmablea Nacional se hizo eco para investigar y destapar los tratos mal habidos hasta donde se sabe por ejemplo en Petroecuador, dejando de lado la fiscalización y el control vertical, este último que llega tarde, cuando se empiezan las acusaciones mutuas entre compadres.

Es el gran problema de Ecuador, la transparencia sigue siendo cuestionada y la institucionalidad que igualmente se mentalizó por quienes sabían a lo que iban, se va por el piso, y más todavía cuando estaba políticamente hablando en manos de un mismo grupo político que en el fondo prometieron hasta "revolución", pero siempre nos quedamos en la careta, y otros movían realmente los hilos del poder por debajo, y el señor Pólit, aunque cuestionado por los procesos judiciales que le siguen en su contra, confirma con sus declaraciones los acercamientos, cuestionamientos y juegos del poder, que se conocían bajo la mesa y hoy se siguen haciendo públicos. Sigue la deuda del control, frente a una ciudadanía de lejos participativa e informada, y por ende en esa ignorancia el poder hace de las suyas, y si seguimos así no hay futuro prometedor, ni que sostenga a autoridad alguna.

LA MUERTE POLÍTICA (REFERÉNDUM 4 FEBRERO DE 2018)

Ante la innegable mayoría de votos a la Pregunta 1 del Referéndum realizado el 4 de febrero del 2018 en el Ecuador, el sí gana con un aplastante 73.71 %. Pero qué implicaciones tiene esta pregunta en el combate a la #corrupción. Pues bueno, el presente artículo busca aclarar algunas incógnitas y que las reproduzco por las consecuencias que tendrá a futuro.

PREGUNTA 1: 

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?, según los dispuesto en el Anexo 1

JUSTIFICACIÓN: Reformas atinentes a la lucha contra la corrupción

La corrupción constituye un flagelo mundial. La corrupción afecta a la sociedad entera, en lo público, facilita a grupos económicos o personas naturales ilegítimos e indebidos beneficios o prebendas a costa de la debida prestación de los servicios y la adecuada construcción de las obras públicas, lo que genera la vulneración de los derechos de los ciudadanos a una vida digna, y, por último, atenta contra la actividad misma del Estado y sus deberes para con los ciudadanos, especialmente los más pobres, al generar mayores condiciones de inequidad, y, destruye la institucionalidad democrática, por lo cual es imperiosa su erradicación.

La corrupción y los efectos de la corrupción son de tal gravedad que afectan inclusive al orden internacional, toda vez que los mecanismos e instrumentos utilizados se han internacionalizado y,  a fin de combatirla, incluso  la Organización de las Naciones Unidas expidió la Convención de las Naciones  Unidas contra la Corrupción, ratificada por el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo Nro. 340, promulgado en el Registro Oficial Nro, 76 de 5 de agosto del 2005, tendiente a que los estados adopten mecanismos concretos para combatirla, de los cuales el Ecuador  es suscriptor, organismo internacional al cual inclusive hemos solicitado el apoyo para coadyuvar en la lucha contra este flagelo en el Ecuador. En dicho instrumento, en el artículo 31, se obliga a las partes a adoptar las medidas que sean necesarias para  autorizar  el  decomiso  del producto de los delitos tipificados con arreglo a esa Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto, así como de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de las infracciones señaladas.

La Constitución de Montecristi, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, es clara al señalar que el Estado debe combatir la corrupción en sus diversas formas. Y establece  que la República del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, y democrático, su soberanía radica en el pueblo  y se ejerce a través de los órganos de poder público y las leyes nacionales.

Entre las potestades del Estado se encuentra la potestad de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial, para lo cual se ha implementado un régimen procesal como medio para el cumplimiento del debido proceso y la realización de la justicia.

Igualmente, como parte de los compromisos del Estado se encuentra la optimización de la administración pública, determinando la obligación de garantizar la ética como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, comprometiéndose a mantener una sociedad democrática y libre de corrupción.

El Gobierno Nacional ha iniciado un proceso de lucha contra la corrupción descubierta en algunos procesos de contratación de obras de interés nacional, las investigaciones de los actos de corrupción han sido dirigidas en contra de múltiples servidores públicos, así como de personas particulares, identificadas con el sector privado de la economía nacional y transnacional.

Dentro de los procesos que han desarrollado diversos organismos, con la participación de las instituciones afectadas por entramados de corrupción, se han detectado los mecanismos utilizados para perpetrar delitos que afectan a la eficiencia de la

administración pública. Los medios y ardides utilizados para lesionar al Estado  y evitar su intervención, alcanzan el uso de empresas nacionales, compañías en paraísos fiscales, así como cuentas y transferencias en esas jurisdicciones y desde esas jurisdicciones.

Por tanto es necesario, que el Estado establezca normas que protejan los intereses nacionales, impidiendo a los ciudadanos que hayan sido condenados por delitos relacionados con actos de corrupción, reincorporarse o participar de funciones públicas, así como imposibilitar que celebren contratos con el Estado. Cumpliendo así uno de los objetivos de la sanción penal, como es la prevención del delito, protegiendo de esta forma los intereses públicos, pues en lo posterior se les imposibilita al condenado de ocupar cualquier puesto y funciones públicas.

Además, se deben establecer sanciones que alcancen a las organizaciones y personas jurídicas del sector privado que sean utilizadas como medios o herramientas para la ejecución de actos delictivos que atenían contra la eficiencia de la administración pública.

En este contexto, es imperativo que el poder jurisdiccional pueda imponer sanciones ejemplares aplicables a las personas jurídicas que participan en la comisión de tales delitos, como son aquellas de carácter societario, y, en particular, su extinción.

Por otro lado, el peligro y la conmoción que representan las inconductas en contra de la administración pública anticipan una grave afectación en contra del Estado y de la población, afectándose el interés general y el erario nacional. Dichos actos afectan a la sociedad de forma inadmisible, produciendo conmoción social y repudio generalizado.

Por lo cual es necesario también que los bienes mal habidos y el producto de los actos de corrupción sean revertidos al Estado a fin de que sean destinados a las obras y servicios que requiere la sociedad.

En este sentido, las reformas propuestas aplican el principio constitucional de progresividad de derechos.

ANEXO

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Sustitúyase el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente texto:

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.

Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución.”

LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CODIGO DE LA DEMOCRACIA

Sustitúyase el número 2 del artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por el siguiente:

“2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción”.

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

Sustitúyase el primer inciso del artículo 10 de Ley Orgánica del Servicio Público, por el siguiente texto:

“Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública”.

FUENTES

http://www.elcomercio.com/actualidad/preguntas-consulta-referendum-leninmoreno-ecuador.html

https://resultados2018.cne.gob.ec/

¡CON LA #MENTIRA, AL #PODER!

En nuestro mundo de “democracia” se consideran varios problemas en torno a los ofrecimientos de aquéllos que quieren llegar al poder, pero antes de eso valdría conocer qué significa desde el lenguaje jurídico, varios términos que están relacionados con mentir y que la legislación protege a la ciudadanía, y se encuentra establecidos en el Código Orgánico Integral Penal:

“PREVARICATO DE JUECES Y ÁRBITROS: Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados y procuradores, cometen prevaricato.

PREVARICATO DE LOS ABOGADOS: La o el abogado, defensor o procurador que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que después de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios de defensa, la abandone y defienda a la otra, cometen prevaricato.

PERJURIO: La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, comete perjurio.

FALSO TESTIMONIO: La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad sin juramento, comete falso testimonio.

ACUSACIÓN O DENUNCIA MALICIOSA: La persona que proponga una denuncia o acusación particular cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea declarada judicialmente como maliciosa.

FRAUDE PROCESAL: La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, comete fraude procesal.

De igual manera comete fraude procesal quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos.”

Este breve relato de términos jurídicos, que en realidad deberían conocer toda la población, nos hace ver como la “mentira” está claramente definida en diferentes ámbitos, sobretodo en lo público, pues el requisito fundamental para el caso que nos ocupa, es que se cometan ante un “autoridad pública”. Acá viene entonces el inconveniente por así decirlo, la mentira cometida entre particulares tiene otros nombres como por ejemplo el delito de difamación.

Pero qué tiene ver esto con el “poder” de aquéllos que aspiran cobijarse con el voto popular de la gente, en las elecciones, pues mucho, en vista de que los candidatos de los diferentes movimientos y partidos políticos están vinculados en su origen y reconocimiento a una Función del Estado cual es la Autoridad Electoral, que regenta actualmente el Consejo Nacional Electoral del Ecuador y Tribunal Contencioso Electoral. Así mismo como requisito para inscribir candidaturas ya los procesos eleccionarios uno de los requisitos que se debe presentar para la inscripción es el PLAN DE TRABAJO, donde se establecen las ofertas de campaña, pero que en realidad dicen mucho de lo que será la futura autoridad de llegar a favorecerse con el voto popular. Pero aquí viene la coyuntura, si el PLAN DE TRABAJO es un requisito y fue presentado ante Autoridad competente, y llegando al poder con esas “ofertas” de campaña, juramentando en ese cargo y posesionado, cometen bien los delitos de perjurio o de falso testimonio las autoridades, cuando en funciones todo lo que ofrecieron no lo cumplen o cambian por completo sus ofrecimientos.

La respuesta, en principio sería que sí, pues estarían reunidos los requisitos legales para inicio de una acción penal de oficio, considerando que esto se da en el ámbito público y corresponde el inicio de la acción penal a la Fiscalía General del Estado, o mediante denuncia de las personas que se sientan afectadas, que en principio es toda la población, puesto que técnicamente la mentira ocasionaría una serie de perjuicios a la población relacionados con el bienestar colectivo, que en principio debería savaguardar una Autoridad que en campaña ofreció todo lo que pudo y que llegado al poder hizo todo lo contrario.

Las razones para esta reflexión, es porque cada día es más común que Autoridades Electas en funciones junto con sus funcionarios, públicamente en los medios de comunicación y en actos públicos, sus actuaciones están reñidas a una serie de hechos que dicen todo lo contrario de lo que ofrecieron en sus Planes de Trabajo, y es oportuno que la población conozca y ejerza sus derechos, y asumiendo sus responsabilidades, que una Autoridad de éstas no puede ni debe ser un mal ejemplo para las generaciones venideras, haciendo uso de la mentira como algo normal, y que seamos corresponsables para que esto siga sucediendo. Han habido casos inclusive de redes de corrupción que en torno a la mentira se han institucionalizado, como eso de formar grupos dentro de la institucionalidad pública que aportan voluntariamente (dinero y su tiempo, incluso dentro de horas de trabajo) para hacer proselitismo político, y siempre en función de la visualización de la autoridad de elección popular y por sostenerse en el poder recurre inclusive a dar dádivas o regalos, entregar contratos, callar, o simplemente no dar la cara. Son los pormenores del poder, que pocos se atreven a cuestionar, pues sus resultados a la larga son poca o nula eficiencia administrativa, falta de planificación, corrupción, ausencia de control con complicidad de las autoridades llamadas a hacerlo, y una ciudadanía donde si la administración no es transparente, y sin educación previa, es indiferente y tolerante a los hechos de corrupción.

La solución, denunciar a quienes hacen de la administración pública su medio para enriquecerse inclusive; porque no es posible que la “mentira” sea el instrumento para alcanzarlo y la población seamos sólo los “zombis” del voto popular, y luego nos olvidemos de las promesas y su cumplimiento de quienes hasta con besos, abrazos, apretón de manos, dádivas, regalos, bebidas alcohólicas, música, sean saludadores, buenas gentes, lleguen al poder y hagan lo que les parece, y la población sólo de mirona y cansada de ver los mismos hechos, en un círculo vicioso del poder.

¿Y EL #CONTROL #ESTATAL?

Estamos acostumbrados en los Estados donde en principio deberíamos vivir en Democracia, exista una de las #funciones que se dedique al control de los recursos y gestión de lo público que ejecutan aquéllos favorecidos por el voto popular o por quienes les han delegado las funciones de administrar los recursos estatales, casi siempre dinero, ligado al tema de contratación de bienes y servicios según las competencias y dentro del marco legal vigente.

Ecuador no está lejos de esa realidad, y tenemos una #función específica en principio sólo para cumplir el control vertical del Estado, existiendo igualmente la posibilidad como es hasta ahora, que la ciudadanía también haga este control de manera horizontal.

Pero hay otro requisito que se vuelve indispensable para quienes están en el control, tal como se lo ve desde la ciudadanía, que su designación se da a partir de intereses creados, esto es, respondan a quienes se encuentran al frente del poder político y grupos económicos que los auspiciaron, lo que implica su dependencia en la  toma de decisiones relacionadas con el control, y un ejemplo es lo que pasó en el caso del Contralor Carlos Pólit, que ahora se conoce públicamente que han existido posibles lazos de corrupción de esta alta autoridad de Control vertical en nuestro País. Y así seguiríamos con el resto de Autoridades de las otras Instituciones que integran la Función de Transparencia y Control Social en Ecuador, que buscan el cobijo de la confianza de la autoridad de turno, al frente del Ejecutivo, para estar en los puestos donde la transparencia se supone debe primar.

Pero hay otro tipo de control que debería profundizarse más, pero es una utopía todavía, y hablamos del SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DEL ECUADOR, cuya articulación es territorial, desde el nivel parroquial, cantonal, provincial y nacional. Donde la ciudadanía haciendo uso de los mecanismos e instancias de participación desarrollen control horizontal de lo público, y se destape, por así decirlo la #corrupción #local que es real, y no se vuelva sólo un monólogo del control vertical, contaminado con intereses de quienes ejercen poder, control, influencia, incidencia, sobre el control.

Otro de los elementos claves para un control, definitivamente desde lo horizontal, es la autonomía y el financiamiento del Estado; y esto a propósito de que habiendo delegados, no representantes, desde los diferentes sectores representativos de los territorios, de manera previa e informada, puedan ejercer la denuncia pública, las evaluaciones, las rendiciones de cuentas, monitoreo y seguimiento a la planificación participativa conforme lo establece ya la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 95 y que conste en mandato constitucional. El #Ecuador dio pasos firmes en la transformación del Estado, pero el control es parte de la #grandeuda que continúa a nivel nacional desde lo local a lo nacional, pero aunar los esfuerzos para que éste sea una realidad, y las denuncias tengan efectos inmediatos, y que debe ser acompañado con reformas legales como el alza de las penas para los delitos contra el Estado poniéndolos a nivel de un homicidio sería lo más loable, para combatirla, porque la corrupción ya no es prevención, debe abrirse frentes para identificar, denunciar y no dejar en la impunidad esta lacra social, que sigue perjudicando en miles de millones de dólares conforme los cálculos últimos realizados por algunos estamentos como Transparencia Internacional y la Comisión Nacional Anticorrupción

Presidente @Lenin Moreno cambiar al País requiere de decisiones que nadie en materia de #corrupción todavía se toma, y considerando que ya existen los mecanismos e institucionalidad para combatirla desde la ciudadanía de la mano del control vertical, y es urgente introducir reformas y cambios al marco legal como la misma Ley de la Contraloría, y establecer procedimientos oportunos y ágiles, así como recuperando el dinero mal habido producto de actos corruptos, o ejercer el derecho de repetición para aquéllos que por acción u omisión como servidores públicos de nombramiento, libre remoción o de elección popular cometan en el ejercicio de sus funciones (muerte política), o al mismo sector privado que promueva corrupción salgan de los procesos de contratación, se liquide las empresas de personas naturales o jurídicas, aparte de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubieren lugar.

La corrupción sigue carcomiendo la confianza de la gente y es el talón de Aquiles de la democracia, si no se la combate frontalmente.

ENRIQUECERSE A COSTA DEL PUEBLO

La corrupción está ligada a la historia en Latinoamérica, no olvidemos empezando por la Conquista Española, que fue una invasión, y nos hicieron creer a nuestros antepasados y hasta ahora que servir y ser explotados son parte de una lógica de acumulación, y que confirman filósofos y tratadistas internacionales, sobre modelos políticos, ligados siempre al poder económico, y los de abajo deben de obedecer y seguir los lineamientos de los de arriba. El detalle es que se crearon, aunque algunos tratan de desmentir, clases sociales, que no están abolidas como se cree, sino disimuladas, y quienes gobiernan están muy ligados a la clase dominante que son de unos pocos y han acumulado tal cantidad de dinero, que para uno de abajo, que aparte somos la mayoría, claramente es impensable esté sucediendo, siendo alienados mentales hasta cierto punto, pues el fútbol por ejemplo una forma de conseguir esa distracción mental, parece ser más importante en nuestro interior que lo que pase con los recursos públicos que son de todos, y son administrados para unos pocos y sus negocios que de allí parten; la consigna y de allí la justificación de los medios como la televisión, que nadie se de cuenta que así está pasando; criticamos la forma de jugar, de hablar en el fútbol, pero cuando se trata de votar en conciencia, o generar conciencia colectiva sobre temas relacionados con derechos, como la participación, la igualdad y solidaridad en lo público, todos en silencio, "mudos" ante la realidad que tarde o temprano nos tocará en la puerta de nuestros hogares en forma de ausencia de ingresos, despidos, falta de empleo, pobreza, precarización laboral, individualismo, descontrol, y ello conlleva como sabemos en la desesperación de sobrevivir y desarrollando el subempleo, que casi siempre si miramos las cifras, sucede en los de abajo, dejando a su suerte y al día a día, y a al Dios quiera, me vaya bien este día, mientras quienes dominan la política y están de la mano del poder económico viven una realidad distinta y entre ellos, muy aparte de las grandes mayorías, donde la opulencia, el desear cualquier cosa casi no tiene lítmites por sus altos ingresos y en lo público esta gente como mira desde arriba, mira en la caridad, en el yo si quiero te doy, en el regalo, en lo buena gente, en la familia, los amigos y panas, en un círculo exclusivo la oportunidad de salir de la "pobreza" o sostener un sistema de "enriquecimiento" permanente para asegurarse sus vidas y de los que vendrán, claro siempre pensando en sus intereses.

Los modelos políticos que hasta ahora en la humanidad han existido y promovido, están ligados al capitalismo y socialismo, que en conceptos y diferencias son notorios teóricamente. Sin embargo en la humanidad actual y sobretodo con el uso de las nuevas tecnologías, esto va teniendo menos peso, y en el fondo se investigamos un poco y con detenimiento, son los mismos en la práctica, puesto que sus ideólogos en definitiva no preveyeron que la prevalencia del capital dominaría las voluntades y las mentes de quienes llegan a captar el poder político y están ligados más bien a grupos económicos que defienden sus intereses dentro del Estado y aparte fueron los que les financiaron, hasta estructuras burocráticas que garanticen la continuidad de sus negocios, y si es necesario las coimas y sobornos, y enseñarless a otros, es la consigna de esta gente para mantener sus privilegios desde los recursos del Estado.

Cómo más se puede entender que la corrupción haya cobrado fuerza en Latinoamérica, y durante los últimos 10 años de los gobiernos progresistas, y supuestamente de izquierda, pues la derecha por sí misma se ahogó en ella antes de, y miramos con asombro y desprecio desde quienes hemos sido testigos de las propuestas de cambio que se promovieron en normas constitucionales y legales, así como en ofrecimientos de que la gente participará y que ya no habrá poderes sino funciones del Estado, en el caso de Ecuador, y que el único poder es el PUEBLO. Los hechos escondidos atrás de estas grandes promesas, dan luces, de que en realidad se seguía y se sigue gobernando para laa mismas élites económicas, con el pretexto de defender una democracia, que no es un fin en sí misma sino un medio, y esta es la justificación para haber escondido los grandes negociados en miles de millones de dólares en sobornos y coimas, como el caso Odebrecht y otros que están siendo investigados a nivel internacional y en los respectivos países, una trama donde las clases dominantes se vieron envueltas en una serie de negociados por acceder a los negocios de los Estados, a cambio de jugosas cantidades de dinero, que son un bofetada a la inteligencia y a la continuidad aún de temas sin resolver como la pobreza por ingresos, y que nuevamente son temas de debate sin salida, porque siguen las mismas generaciones de los noventas y ochentas que supieron navegar bien dentro de esta palestra política para sostenerse, porque a la larga son los mismos intereses, los mismos apellidos, las mismas familias, que se alían con otros por cuotas de poder para sostenerse dentro del Estado o vivir del producto de sus negocios con éste, siempre con el mismo interés, enriquecerse a como dé lugar.

Hay gobernantes y ex gobernantes, que niegan haya pasado esto, y se autocomplacen de haber sido los mejores gobiernos, pero, si sólo nos diéramos cuenta, que en la democracia existen divorcios entre los de arriba y de abajo, y que muchas de las inversiones públicas son sólo para satisfacer el ego de las autoridades de turno, sin tomar en cuenta las necesidades de la población, y anteponen sus propios intereses aduciendo obras y servicios, que en realidad favorecen a los mismos de siempre, empezando por la burocracia y los acuerdos con los contratistas para que esos ideales de las autoridades se hagan realidad, sin mirar inclusive lo que en el futuro les puede deparar inobservando nomas constitucionales y legales.

En eso Ecuador es diferente y hay legislación que lo confirma, como por ejemplo los delitos imprescriptibles en lo público como el peculado por ejemplo, o el derecho de repetición, herramientas jurídicas que en el futuro y ahora mismo pueden implementarse ante la llegada de la corrupción sin bandera, que nos ha perjudicado y perjudica, y los recursos públicos que se recuperen sean reinvertidos en beneficio de todos con más conciencia, claro siempre con la duda y el derecho a pensar diferente, y sobretodo denunciemos aquellos actos que atentan a lo más noble, la cofianza de la gente, tan pisoteada y burlada, una y otra vez.

LA #CORRUPCIÓN Y LA #CONFIANZA

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua establece que corrupción es: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.”

Guillermo Cabanellas de Torres en su DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL la define a la corrupción: “Se estimaba tal el acto de quienes, estando revestidos de autoridad pública, sucumbían a la seducción, como los realizados por aquellos que trataban de corromperlos. En realidad, la corrupción venía a confundirse con el soborno o el cohecho. Pero en el presente, corrupción equivale a destruir los sentimientos morales de los seres humanos.”

Hay de por medio en quienes cometen un acto de corrupción dos elementos que los hacen comunes: lo público y la autoridad. Lo público lo entendido como de todos, lo más trascendental, no tiene dueño, y desde la lógica de nuestra legislación ecuatoriana lo que nos pertenece a todos y que está comprendido en un territorio específico limitado por el derecho privado a la propiedad. La autoridad, su recubrimiento como tal se da por elección o por designación, y entonces tenemos en Ecuador, a los servidores públicos tanto de carrera (permanentes) como a los de libre remoción y funcionarios de elección popular, que tienen responsabilidades específicas que deben cumplir dentro de lo público, por delegación o por elección. En medio de estos dos elementos está la confianza otorgada por el pueblo a los de elección popular por el voto, y a los de designación en cambio por delegación de la autoridad de la que está envestida el electo para cumplir funciones específicas; esta confianza, que nace del pueblo, único poder en nuestra democracia como lo establece la Constitución de la República del 2008, ha sido y es confiada a las autoridades dentro de las distintas funciones del Estado Ecuatoriano, como son FUNCIÓN EJECUTIVA, FUNCIÓN LEGISLATIVA, FUNCIÓN JUDICIAL, FUNCIÓN ELECTORAL, y la FUNCIÓN DE TRANPARENCIA Y CONTROL SOCIAL. 

Es importante recalcar que las funciones de las autoridades deben cumplirlas conforme lo establece la Constitución y el marco legal vigente, así como hacerlas respetar, y vale el mismo razonamiento para el mandante, que es el pueblo, en la exigencia de sus derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades, es decir, son procesos continuos, donde la confianza de las partes es lo más valioso por una democracia, en el caso de Ecuador suponía desde el 2008 un modelo de cambio casi único, eso si recalco, reconocido en muchas leyes.

¿Pero qué es confianza?, de acuerdo Diccionario de la Real Academia de la Lengua: “Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Seguridad que alguien tiene en sí mismo. Ánimo, aliento, vigor para obrar. Familiaridad o libertad excesiva. Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más personas, particularmente si son tratantes o del comercio.”

Guillermo Cabanellas de Torres en su DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL la define a la confianza: “Esperanza firme en una persona o cosa. | Familiaridad. | Trato Íntimo. | Ausencia de etiqueta y cumplidos en las relaciones personales. | Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente. | En el parlamentarismo, la aprobación de la actitud del ministerio por la mayoría de las Cámaras; al punto de que, "perdida esa confianza", derrotado en una sola votación el gobierno, ha de presentar la dimisión.”

En nuestra democracia el principio de autoridad en la administración de lo público delegado por la gente, de los últimos 40 años, sigue diezmando la confianza en las autoridades electas y designadas, tanto locales como nacionales, inclusive llegando al colmo de minimizar, esconder, ocultar, aupar, dejar de lado sus funciones, enriquecerse, hacer tratos ausentes de transparencia, obras y servicios con sobrecostos, pedir más presupuesto, aliarse, dejar de lado las denuncias, cooptar funcionarios y ciudadanía, ver por los amigos y la familia, los paraísos fiscales, empresas offshore, evasión de impuestos, cohecho, coimas, testaferrismo, peculado, concusión, y así seguiríamos, dando muestras de cómo la corrupción, que tanto se ofreció combatir, surge como nunca antes, en medio del rechazo generalizado de la población, que ve con apatía que la mentira está por encima de la verdad, y que las distintas funciones del Estado han fallado en el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Gran reto entonces para quienes venimos trabajando en los procesos de transformación del Estado, que por lo menos en Leyes está, pero el desacato, la improvisación, la ausencia de planificación, de control, de justicia, de participación, de transparencia, y de sanción a los corruptos son deudas de las Autoridades que han menoscabado la confianza de la gente, y eso implicaría una limpieza profunda de aquéllos que han visto en lo público su mina para enriquecerse. Debe haber un cambio generacional, no queda de otra, antes del 2008 siempre se habló de la posibilidad de que quienes han participado o han estado ligados a partidos políticos que fueron responsables en su momento, como autoridades de la administración pública y estuvieron ligados a actos de corrupción no se les permita volver a participar en procesos de elección popular ni de designación como autoridades, y se investigue y se recupere los recursos públicos amasados en fortunas mal habidas, se implemente lo que hoy se conoce como muerte política promovida en países como el Perú; promover e institucionalizar este tipo de procesos con exclusividad en el combate de la corrupción son necesarios y se les quite toda posibilidad de seguir haciendo de las suyas, eso implicaría la renuncia de autoridades de control, que poco o nada hicieron frente a las denuncias que desde la ciudadanía, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales han hecho permanentemente. Los recursos públicos recuperados por actos de corrupción deben ser destinados para educar a la gente en planes, programas y proyectos nacionales, que no sean sólo las aulas, sino en el barrio, en la comunidad, en la parroquia, en la organización de base, a la gente en definitiva y permanentemente, donde el debate de lo público no sea exclusivo de las autoridades sino de la ciudadanía, la gente, el pueblo, y al menor acto de corrupción la denuncia sea acogida, se investigue y castigue a los responsables. 

No podemos permitir que se rasguen las vestiduras los corruptos, y quedemos entre nos, los graves problemas económicos, políticos y sociales que esto implica, inclusive afecta directamente en nuestra cultura, de cómo vemos las cosas, llegando al punto de que hay personajes públicos y privados, que manifiestan que dejen nomás robar, no son los primeros ni los últimos, haciendo que la corrupción desde esta óptica sea parte de nuestras vidas, lo cual debe ser rechazado con educación, con comunicación, con transparencia, con participación, pero a su vez con nuevas autoridades comprometidas con el Estado que somos todos, por un Ecuador donde los cambios deben profundizarse y radicalizarse, y los recursos públicos realmente satisfagan las necesidades más apremiantes de la población, que en un buen porcentaje sobre todo en lo rural siguen sumidos en pobreza, desigualdad, inequidad y ausencia de empleo, desde sus propias fortalezas y debilidades territoriales.

LOS OFRECIMIENTOS... DESPUÉS DE 11 AÑOS...

En el año 2006, cuando empezaron a darse las primeras señales de cambio en el Ecuador, los ofrecimientos de campaña fueron parte del Plan de Gobierno del régimen que hoy termina a la cabeza del Economista Rafael Correa, y claramente se ofreció el inicio de la denominada "Revolución ética: combate frontal a la corrupción" Pg. 20, expresamente: "El funcionamiento satisfactorio de una sociedad depende de la confianza mutua y del uso de normas explícitas e implícitas que sean cumplidas por toda la ciudadanía. Lacorrupción, sin lugar a dudas, constituye un lastre que impide fortalecer la confianza y creer en el otro, tanto en la esfera de lo público como de lo privado. Todos hemos sido testigos de los atracos y negociados de políticos inescrupulosos y de grupos de poderes corruptos e insaciables, por ello la propuesta empieza con la firme convicción de mantener las manos limpias desde la misma campaña electoral y durante el gobierno. La transparencia y la rendición de cuentas deben alcanzar a los funcionarios públicos del más alto nivel, empezando por el presidente de la República. Para ello planteamos lo siguiente: 

...c) Combatiremos radicalmente a la corrupción. Los ejes de la acción se afincarán en la transparencia y la participación, así como en la rendición de cuentas. Impulsaremos un proyecto de reforma al Código Penal que precautele la transparencia y castigue con cárcel a las personas que son juzgadas por malversar fondos públicos...  

d) Establecimiento de mecanismos de transparencia en la administración pública. La rendición de cuentas será obligatoria para todo funcionario. Se crearán nuevos mecanismos de control, tanto estatales (Contralorías, Superintendencias), como civiles (veedurías ciudadanas y contralorías sociales), sobre todo en temas trascendentales, frágiles a la corrupción y cooptación, como son: impuestos, aduanas, permisos de exportación e importación, manejo petrolero, eléctrico, telecomunicaciones, obra pública, manejo de los presupuestos de las entidades estatales, endeudamiento.", es decir en los sectores estratégicos que hoy se conocen de la economía.

Esto no era posible sin la Reforma Política que fue parte de los ofrecimientos con la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente, en la cual entre otras cosas se establecieron en el Plan de Gobierno, expresamente: "...Para lograrlo... proponemos impulsar la reforma política, para superar la democracia formal y construir una democracia participativa radical, incluyente, que respeta y construya los Derechos Humanos, enfrentando y superando el corporativismo y la des institucionalización el Estado, a través de:

- Reestructuración y fortalecimiento de los organismos de control. Reestructuración de las superintendencias, contraloría, procuraduría.

- Participación de la ciudadanía. Proponemos estimular y crear mecanismos de participación de la ciudadanía, como presupuestos participativos, fiscalización social de la obra pública, veedurías ciudadanas. 

- Planificación democrática. Establecimiento de un sistema local, nacional y regional de planificación participativa, suficientemente coordinado y articulado bajo el proyecto país que soñamos." 

La Reforma Política se hizo sin duda con la aprobación de la Constitución en el 2008, pero los otros ofrecimientos que venían de por medio como lo del combate a la corrupción, transparencia, participación de la gente, el control social, la planificación participativa, sigue siendo en su esencia utopías, porque en el fondo lo que se buscó de parte de los mandos medios del Régimen que termina es que haya reconocimiento, pero el ejercicio real de estos derechos se trunquen y ojalá desaparecerlos, o la otra circunstancia "te ofrezco trabajo no importa el nivel", "por tu necesidad aceptarás y terminarás siendo uno de los mismos (la cooptación)". Y hoy al final de un proceso de transformación que todavía sigue dando pasos pequeños en el cambios del ser humano, volvemos a mirar los mismos problemas como que nada ha pasado y esto se debe fundamentalmente:

- Las entidades formales del control como la Contraloría siguen administrándose como en los tiempos de Lucio Gutiérrez, último gobierno en aprobar la normativa más reciente de esta entidad Estatal, puesto que pese a las reformas Constitucionales sus normas secundarias caducas y desactualizadas, siguen siendo una deuda y un lastre que deja el Gobierno, porque sus procesos lentos y burocráticos ayudaron a que casos de corrupción sigan en el olvido o se deje al tiempo con este mismo fin. Seamos realistas, la corrupción sigue campeando en el País, claro con otros actores, incluso muchos de ellos ligados a los cargos políticos de alto rango y contratistas que valiéndose de procesos de emergencia han provocado el desborde de lo que tanto ocultaron como el caso Odebrecht, o de Petroecuador, o los otros casos en Gobierno Locales sobre desvío de fondos, el pago de porcentajes por contratos, dejando de lado tantas normas que se preveían debieron combatir estas lacras de la sociedad.

- La Función de Transparencia y Control Social, con normas diferentes en relación a cada uno de sus miembros, con Ley propia, pero que su trabajo se ha limitado a ser de escritorio. Es emergente por ejemplo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, uno de sus miembros y tal vez entre los más importantes se especifique mejor sus funciones con menos burocracia, y más procesos en los territorios sobre el ofrecimiento fundamental politizar a la ciudadanía en la construcción del poder popular, lo cual es otra deuda más que deja el régimen porque claro que hubo elecciones, pero es el voto delegativo, pero la participación que es y debe ser activa de la ciudadanía en lo público se ha truncado, porque los procesos ciudadanos se los dejó de lado y muchas de las instancias y mecanismos de participación son netamente coyunturales, incluso los procesos nacionales, y en esas dinámicas sin recursos, sin asistencia técnica y peor aún sin formar a la ciudadanía en las Unidades Básicas de Participación Ciudadana como son los Barrios, Comunas y Parroquias Urbanas, la participación es una utopía.

- La planificación participativa, otra utopía sin aterrizar en las localidades desde su elaboración, pasando por su ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación, siguen siendo de escritorio, en el nivel nacional porque en el Consejo Nacional de Planificación los delegados ciudadanos son netamente alza manos a las propuestas que hacen los mandos medios del Gobierno, minimizando la participación hasta de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, situaciones que han provocado inclusive cambios permanentes tanto de su Directiva como la inestabilidad en la toma de decisiones y el seguimiento a la planificación nacional. Desde lo Local , los Consejos de Planificación integrados por panas, para igualmente alzar la mano a las propuestas del Gobernante de turno, hasta llegar inclusive a ofertar cargos de elección popular, nombramientos en Instituciones del Estado, el contrato, y hasta quitar los presupuestos con tal de que estas instancias ciudadanas no funcionen, peor se ejerza el control social.

- Frente al Proyecto de Ley del Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social presentado para su tratamiento en la Asamblea Nacional, es urgente se abra el debate nacional, pues su incidencia en la organización, participación y control social, repercutirá en la estructura social del Estado, donde miles de organizaciones sin fines de lucro y ciudadanas, desde su práctica deberían tomarse en cuenta por el legislador, sus aportes a este proceso en construcción para su fortalecimiento, y tal como está es una sola visión desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, Abrirse a un debate profundo de lo que está funcionando y no lo está, sería el primer paso en la búsqueda de la profundización de los procesos que se iniciaron en el 2006.

- Son miles de millones de dólares que se pierden por la corrupción, sólo educando a la ciudadanía a través de las Unidades Básicas de Participación Ciudadana (Barrios, Comunas y Parroquias Urbanas) se podría aportar a la lucha, prevención y denuncia de actos de corrupción, que la gente tenga el conocimiento y la capacidad de la auto crítica que le permita demandar la satisfacción de sus necesidades más apremiantes y el gobernante, de la mano con transparencia promueva el buen gobierno en el corto y largo plazo, lo cual no ha funcionado hasta la fecha. Sólo un caso emblemático para tener una idea cuando hay este divorcio lo ocurrido en el Cantón Montúfar, donde el Alcalde y Concejales desacatando normas expresas, quitó abiertamente los recursos financieros a la instancia de Asamblea Local con miras a cerrarla.

No hay que cerrar los ojos ante la realidad sino asumirla con responsabilidad, y entre más actores estén en este proceso, la transparencia, la lucha contra la corrupción con participación de la gente, tendrá sentido, caso contrario pasaremos otros 4 años engañados de los cambios que en el ser humano debemos impregnar para tener una sociedad renovada y en democracia.

EL #VOTO ES SECRETO Y SIRVE AL #GOBIERNOREPRESENTATIVO

"Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

1. Elegir y ser elegidos.

2. Participar en los asuntos de interés público.

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.

4. Ser consultados.

5. Fiscalizar los actos del poder público.

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente,

equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las

personas con discapacidad y participación intergeneracional.

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable.

Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones:

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad.

Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier cargo.

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años.

Art. 64.- El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que determine la ley, por las razones siguientes:

1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta.

2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista.

Art. 65.- El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados."

FUENTE Constitución de la República del Ecuador

Los ofrecimientos de campaña, siempre han sido sólo eso. Los cambios profundos del Estado han sido demandados desde la ciudadanía permanentemente, pero poco o nada se ha hecho por ejemplo por cambiar realmente la estructura institucional del Estado más allá de las obras físicas y de los recursos públicos, haciendo participar a la gente en los procesos de planificación, recursos públicos y el control social, en un ciclo permanente de retroalimentación en el tiempo, y sean la gente con conocimiento la que promueve la transparencia. Es un hecho temas como la corrupción en el Estado no se ha combatido por los intereses personales que nuevamente se superponen a lo general perjudicando seguramente en millones de dólares al erario nacional y a la propia gente porque los recursos se desviaron para otros fines que no fueron justamente la gente, sino los bolsillos de unos vivos, que no es de ahora porque es evidente el reciclaje a nivel medio en el Estado de los mismos delegados y representantes de los partidos políticos que incluso fueron parte de momentos de crisis graves en el país como el Feriado Bancario que de paso no hay culpables en el Ecuador, más allá de Jamil Mahuad y los Isaías que han sido acusados formalmente, pero el resto siguen hasta trabajando para el Estado, y acá no ha pasado nada. Y sí el voto es secreto, expresamente, pero igual a través de los famosos paraísos fiscales ya se anunciaba en el 2010 por diferentes reportes periodísticos de la evasión de impuestos que a través de esta modalidad se estaban cometiendo, pero como en todo nadie de las autoridades de control hizo nada, y ahora se sabe que hasta los sobornos y coimas de contratistas de Petroecuador fueron canalizados a través de estos mecanismos de evasión de responsabilidades, y algunos se quieren dar de inversionistas reciclando recursos que fueron producto de la especulación bancaria y financiera del propio País inclusive, hasta entregas de dinero en efectivo entre funcionarios de alto rango y de toma de decisiones como ya se conoce ahora.

Estamos conscientes y vivimos en un País lleno de tantas oportunidades para todos, pero la transformación del Estado empieza luchando y desenmascarando la corrupción (coimas en contratos del Estado y paraísos fiscales) que se ha dado en el Ecuador hasta cierto punto encubierta, en todos los niveles de gobierno, y allí propuestas como la “muerte política” para funcionarios del Estado involucrados en estos hechos es parte de la solución desde arriba, desde abajo que la gente se empodere y reclame sus derechos, asumiendo sus responsabilidades, pero que tampoco eso signifique echarle la culpa de que votó mal, porque eso es mentira, porque en realidad existen intereses en el gobierno representativo de que no se conozca, no se sepa, nadie critique, investigue, así haya pruebas, en definitiva haya silencio, frente a hechos que más allá de irse contra la Ley, deben ser moralmente castigados con la indiferencia y tachados a quienes los cometen dentro de la sociedad, para que esos ejemplos que ahora mismo se tratan de minimizar y ocultar, no se repitan en la esfera pública, no política, ésta última encubridora de las personas que se dicen políticas pero que defienden intereses de pocos, y eso la historia nos lo ha demostrado hasta ahora.